El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado este domingo que las pensiones “se van a revalorizar sí o sí, con o sin el PP”, en plena precampaña de Aragón, tras la derrota parlamentaria que dejó en el aire la aplicación plena de la subida prevista para 2026. El Ejecutivo pretende reactivar desde ya la negociación con los grupos para sacar adelante la medida y trabaja con la posibilidad de aprobar un nuevo decreto en el Consejo de Ministros del martes, 3 de febrero, según ha publicado El País.
La revalorización había quedado incluida en un real decreto ley de “escudo social” que el Congreso derogó el pasado martes, 27 de enero, con los votos en contra de PP, Vox, UPN y Junts (178 noes frente a 171 síes). La norma incorporaba, además de la subida de las pensiones, medidas como la protección frente a desahucios y cortes de suministros para colectivos vulnerables, así como otras disposiciones sociales.
El choque político se ha intensificado porque la revalorización para 2026, del 2,7% con carácter general, se apoya en el esquema legal que vincula la actualización anual a la inflación media del ejercicio anterior. El decreto aprobado por el Gobierno a finales de 2025 recogía ese incremento y su despliegue normativo figura en el Boletín Oficial del Estado, aunque su vigencia queda condicionada a la convalidación parlamentaria.
En Teruel, Sánchez cargó contra el PP por haber votado en contra del decreto que incluía la revalorización, y sostuvo que su partido está dispuesto a respaldar aumentos del gasto en defensa, pero rechaza medidas ligadas al poder adquisitivo de los pensionistas. La dirección popular replica que su voto no fue contra la subida, sino contra un texto que, a su juicio, mezclaba materias heterogéneas y “blindaba” medidas sobre vivienda que el PP asocia a la ocupación. La vicesecretaria Cuca Gamarra exigió este sábado un decreto “única y exclusivamente” con la revalorización, y acusó al Gobierno de utilizar a los pensionistas “como rehenes”.
La negociación es, además, contrarreloj. En el Ejecutivo asumen que, si no se aprueba a tiempo una nueva norma, el conflicto puede trasladarse a la nómina de febrero y convertirse en un problema político de primer orden, ya que el propio El País advierte de que el ajuste podría hacer perder una media de 50 euros mensuales para los jubilados si decae la subida aplicada en enero.
En la mayoría de grupos hay coincidencia en salvar la revalorización, pero el desacuerdo reaparece en el perímetro del “paquete”, donde Junts presiona para desgajar la subida de las medidas antidesahucios, mientras la izquierda parlamentaria y el socio minoritario del Gobierno defienden mantener el escudo social en el mismo texto o, al menos, preservarlo con un instrumento equivalente.
El episodio vuelve a mostrar la fragilidad de la mayoría que sostiene al Ejecutivo y anticipa una fórmula que ya tuvo que repetirse el año pasado con el famoso decreto “ómnibus”, que es la de separar las medidas para sumar apoyos, aun a costa de reabrir el pulso ideológico sobre vivienda y protección social.
En el Gobierno insisten en que el compromiso con la revalorización está “garantizado”, pero la aritmética parlamentaria obliga a concretar cómo y con qué contrapartidas. Mientras tanto, la oposición busca encuadrar el debate como un ejemplo de “decretos ómnibus” con los que La Moncloa, sostienen, intenta forzar votaciones en bloque.
