La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha reclamado este lunes que los trámites urgentes de la Administración, como la solicitud de la pensión de jubilación y la prestación por desempleo, entre otros trámites urgentes, se resuelvan en un máximo de cinco días ante el “colapso” que, según denuncia, afecta al sistema de cita previa en la Seguridad Social y en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
La organización sostiene que la falta de citas disponibles está generando demoras generalizadas en numerosas provincias, lo que dificulta el acceso a gestiones básicas para miles de ciudadanos. Por ello, además de fijar plazos máximos de resolución, pide eliminar la obligatoriedad de la cita previa para la atención presencial y establecer mecanismos de atención rápida para los trámites más urgentes.
Retrasos en la solicitud de la pensión de jubilación
La OCU ha realizado un estudio para evaluar la disponibilidad real de citas en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), centrado en la solicitud de la pensión de jubilación, uno de los procedimientos más sensibles para los ciudadanos que acceden al retiro.
El análisis se llevó a cabo en oficinas de 26 provincias, con seis intentos de cita durante dos semanas. Según la organización, los resultados reflejan una situación “inaceptable”: en más de la mitad de los intentos no fue posible conseguir cita en la misma ciudad.
En capitales como Granada, Tarragona, Valencia o Zaragoza no se obtuvo ninguna cita en ninguno de los seis intentos. En otras ciudades sí existe disponibilidad, aunque con esperas prolongadas: 28 días de media en Bilbao, 20 en Murcia y más de 23 en Málaga, plazos que la organización considera excesivos para un trámite esencial.
Esperas que afectan a la solicitud del paro
La OCU amplió el análisis al SEPE para comprobar la disponibilidad de citas para solicitar la prestación por desempleo, un trámite que debe realizarse en un máximo de 15 días hábiles desde la pérdida del empleo para no perder parte de la ayuda.
Aunque la disponibilidad de citas es algo mayor que en la Seguridad Social, la organización considera que la situación “dista de ser razonable”. En Barcelona y Tarragona no se consiguió cita ni en la capital ni en el resto de la provincia.
Además, en ciudades como Albacete, Bilbao u Oviedo las citas disponibles se ofrecían entre 28 y 32 días después, plazos que pueden provocar la pérdida de parte del subsidio o obligar a completar el trámite por internet aun cuando el solicitante no disponga de medios o conocimientos digitales suficientes.
Plazos máximos y atención prioritaria
Ante este escenario, la OCU propone establecer un compromiso vinculante para resolver los trámites urgentes en un máximo de cinco días y el resto en un plazo de hasta diez días.
Mientras tanto, la organización pide habilitar atención prioritaria para colectivos vulnerables, personas mayores sin certificado digital y ciudadanos con plazos administrativos críticos. También plantea que las principales oficinas dispongan de mesas de apoyo sin cita previa para ayudar a obtener certificados digitales y facilitar el acceso a la administración electrónica.
Además, reclama que la Administración publique estadísticas mensuales de tiempos de atención por oficina y establezca mecanismos de control interno cuando se produzcan retrasos injustificados. Según la OCU, estas medidas son necesarias para garantizar un acceso igualitario a servicios públicos esenciales como la jubilación o la prestación por desempleo.
