Que la justicia sigue sin ser lo más rápida posible es un hecho. Así lo demuestra el caso de un vecino de Sevilla de 53 años, quien dice sentirse completamente hundido al querer resolver lo antes posible su caso de incapacidad permanente absoluta. Como recogen desde ConfiLegal, este Nicolás Pérez García ha recibido una citación judicial para el próximo 3 de febrero de 2027. Pero, ¿qué le ha llevado a esta situación?
Nicolás ejercía su profesión como repartidor de pan hasta que al cumplir los 49 años sufrió un accidente laboral: se cayó cerrando la puerta del camión y eso le provocó varias incapacidades físicas. La primera fue la perdida de movimiento en su “mano dominante”, lo que derivó en dos operaciones, pero esta quedó rígida para hacer cualquier trabajo físico.
Consciente de su situación, en 2021, acudió al Instituto Nacional de la Seguridad Social(IMSS) y tras pasar por varios exámenes médicos, el Equipo de Valoración de Incapacidades le concedió incapacidad permanente total. Esta consiste en una pensión contributiva donde la persona no puede desempeñar su profesión habitual, pero sí otras.
En su caso, la Dirección Provincial de la Seguridad Social le otorgó la posibilidad de una incapacidad total que le supone cobrar el 55% de tu base reguladora si tiene menos de 55 años.
Meses más tarde, solicitó una revisión de grado de incapacidad para intentar obtener la absoluta al considerar que no puede desempeñar ningún empleo. La principal ventaja vendría en que podría recibir el 100% de la base reguladora y librarse de tener que presentar la declaración de la Renta. “En este periodo de tiempo también le han operado tres veces de la espalda y lleva siete tornillos”, apuntan desde el medio.
El grito de auxilio de este trabajador a la Justicia
Ante su situación, el paciente ha querido hacer un llamamiento explicando su situación y su impotencia ante un juicio que parece nunca va a llegar. Mientas, sus problemas de salud empeoran. “El traumatólogo me ha dicho que me voy a quedar cojo, tengo muchos dolores, dicen que no puedo estar más de 10 minutos sentado. También han evaluado cómo está mi salud mental porque esto me pasó con 49 años y no levanto cabeza”.
Prosigue explicando que “Me han detectado trastorno adaptativo distímico, hay días que me viene el bajón y no puedo salir de la cama, no puedo levantarme y quiero estar solo”.
Bajo su consideración, que su juicio se celebre dentro de 3 años es “una injusticia total”, porque asegura sus problemas no le dejan avanzar y apenar cobra una pensión de 680 euros.
¿Cuál sería la solución, según la defensa del paciente?
El graduado social que lleva el caso, Pedro Gómez Rueda, ha comentado que la solución a los señalamientos tardíos en los juicios se resuelven con una sencilla técnica: más recursos materiales y humanos. Bajo su punto de vista, en la ciudad donde él ejerce, haría falta al menos cinco juzgados de lo Social más al estar sobrepasados.
"Es necesario hacer cambios porque vemos que los juzgados de lo social tienen el mismo comportamiento de hace 20 años. Las cosas han cambiado y antes resolvías un juicio en 15 minutos, pero ahora ninguno pasa de tres cuartos de hora", expone el graduado.
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