El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes que dotará con hasta 23.000 millones de euros, entre financiación pública y privada, el nuevo fondo soberano ‘España Crece’ que pretende mejorar la oferta residencial y financiar la construcción de 15.000 viviendas al año. El anuncio se produjo durante la presentación oficial de esta iniciativa, que va a ser el relevo de los fondos europeos Next Generation, ya que estos terminarán pronto su validez.
Según explicó el jefe del Ejecutivo, “se trata del mayor volumen de financiación pública y privada en condiciones ventajosas de nuestra historia para combatir lo que hoy es la crisis habitacional”. El fondo está orientado a acabar con el problema de la vivienda, el cual afecta directamente al empeoramiento del mercado inmobiliario, que cada vez está más tensionado en las grandes ciudades y en las zonas turísticas, donde el encarecimiento de los precios ha superado ampliamente la evolución de los salarios en los últimos años.
Esta medida financiera contará con una base inicial de 10.500 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y será gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). A partir de esa dotación pública, el Gobierno aspira a movilizar hasta 120.000 millones de euros mediante la captación de deuda privada y la participación de inversores nacionales e internacionales.
El presidente reconoce la “imposibilidad” de los españoles para acceder a la vivienda
Sánchez subrayó que el fondo extenderá al inversor privado “una alfombra roja”, pero matizó que no será “para especular con un derecho constitucional”, sino para facilitar el acceso a una vivienda a quienes hoy encuentran “dificultades, cuando no imposibilidad” para adquirir o alquilar una casa. El presidente defendió que el acceso a la vivienda constituye el principal problema social del país y vinculó la iniciativa al crecimiento económico de los últimos ejercicios.
Junto a Sánchez intervinieron el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, quienes calificaron el proyecto de “transformador” y con “vocación de futuro”. Cuerpo reconoció que, pese a la mejora macroeconómica, persisten desafíos estructurales como la pobreza, la desigualdad, la brecha de productividad o el acceso a una vivienda asequible. En ese contexto, definió ‘España Crece’ como una «potente herramienta» destinada a acompañar a las empresas en proyectos innovadores de inversión.
El ministro precisó que el Estado actuará mediante garantías, financiación directa y fórmulas de reparto de riesgos con el sector privado, e incluso como “accionista estable y paciente de largo plazo” en iniciativas consideradas estratégicas. Además de la vivienda, el fondo abarcará ámbitos como la energía, la digitalización, la inteligencia artificial, la reindustrialización, la economía circular, las infraestructuras, el agua y el saneamiento o la seguridad.
Por su parte, Rodríguez puso el acento en la debilidad histórica del parque público de vivienda en España, muy inferior al de otros países europeos, y defendió que el nuevo instrumento contribuirá a corregir esa carencia estructural. La ministra admitió que el problema del acceso a la vivienda no es exclusivo de España, aunque señaló que existen “debilidades autóctonas” que requieren una intervención específica.
El anuncio se produce en un contexto de creciente presión política y social por el encarecimiento del alquiler y la compra de vivienda, así como por la limitada oferta de inmuebles asequibles. No obstante, el Ejecutivo no detalló durante el acto los plazos concretos de ejecución, los mecanismos de selección de proyectos ni el reparto territorial de las futuras promociones, aspectos que resultarán determinantes para evaluar el alcance real de la medida.
La eficacia del fondo dependerá, en última instancia, de su capacidad para atraer inversión privada en condiciones sostenibles y de traducir la financiación comprometida en vivienda efectivamente construida y puesta en el mercado a precios accesibles. El Gobierno confía en que el instrumento consolide lo que denomina un “círculo virtuoso” de crecimiento, inversión y creación de empleo, con impacto directo en el bienestar de los ciudadanos.
