Manuel recorre sus tierras en Los Cortijos con la calculadora en la mano y el ánimo por los suelos. Agricultor de toda la vida, se enfrenta a una tormenta donde los costes de producción asfixian a cualquier margen de beneficio. Tras años lidiando con el encarecimiento de los sumisnitros, la reciente actualización del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2026 ha sido la gota que colma el vaso.
Con doce personas a su cargo, la viabilidad de su explotación penden de un hilo: “Echas números y van para abajo”, lamenta a la reportera de Antena 3 Noticias. Y es que el contexto no ayuda. Según el último Censo Agrario del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el sector primario en España ya arrastraba una pérdida de 75.000 explotaciones agrarias en la última década, una sangría que no ha hecho más que acelerarse tras la pandemia y las sucesivas crisis energéticas.
“Tienes que parar y despedir gente”
El nuevo escenario normativo ha puesto a agricultores como Manuel contra las cuerdas. Con la entrada en vigor del Real Decreto en febrero de 2026, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España se ha fijado en 1.221 euros mensuales (repartidos en 14 pagas), lo que eleva el suelo salarial anual a los 17.094 euros brutos. Para una jornada estándar de 40 horas, el coste por hora se sitúa ya en los 9,26 euros (con pagas prorrateadas).
Este incremento, pactado el 17 de febrero entre el Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT, supone una subida del 3,1% respecto al ejercicio anterior, unos 37 euros adicionales al mes. Sin embargo, el verdadero reto financiero para las pequeñas explotaciones radica en su carácter retroactivo desde el 1 de enero.
Esto obliga a los empleadores a abonar los atrasos de forma inmediata en la próxima nómina, un desembolso imprevisto que, sumado a las cotizaciones sociales, resulta inasumible para quienes no pueden repercutir estos costes en el precio final de sus productos. “Llegamos a un punto que no puede seguir. Tienes que parar y despedir gente”, sentencia Manuel con la crudeza de quien ve peligrar su patrimonio.
A la presión salarial se le añade una inflación en los costes de producción que no da tregua. Manuel señala cifras que parecen de otra época: los fertilizantes y abonos han experimentado picos de subida de “hasta un 300%”.
Este encarecimiento de los insumos coincide con un ciclo de sequía persistente que ha diezmado la rentabilidad de la tierra. Especialmente dramático es el caso del olivar, cuyo rendimiento ha caído a mínimos históricos no vistos en las últimas tres décadas. La realidad a pie de campo es incontestable: “Este año, la cosecha se nos ha quedado en un 40%”. Lo que en 2023 eran advertencias y miedos sobre una escalada de costes insostenible, se ha confirmado en 2026 como una crisis estructural que amenaza con vaciar aún más nuestras zonas rurales.
La mecanización como último recurso
Ante la imposibilidad de mantener la estructura actual, la estrategia de Manuel pasa por una transformación forzosa hacia la tecnología, aunque aquello suponga un coste humano inmediato: “Tenemos que invertir en maquinaria y tengo que despedir a tres personas porque no me salen las cuentas”, explica.
Desde asociaciones como ASAJA, advierten que esta situación es una cadena que termina siempre en el mismo eslabón: el bolsillo del ciudadano. Si producir un kilo de fruta o un litro de aceite es cada vez más caro debido a las “subidas reiteradas” de costes y salarios, el precio en el supermercado seguirá escalando. Para Manuel, ya no es una cuestión de ganar más, sino de poder perderlo todo.
