El Ministerio de Consumo ultima el diseño de una prestación universal por crianza de 200 euros mensuales por hijo que, según fuentes del departamento que dirige Pablo Bustinduy citadas por el diario El Español, podrá compatibilizarse con las ayudas estatales y autonómicas ya existentes.
El objetivo declarado es convertirla en una ayuda básica para todas las familias con hijos y que contribuya a reducir la pobreza infantil y a frenar la caída de la natalidad, dos de los principales problemas sociales y demográficos del país.
La prestación, que dependerá de la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado y de su negociación en el seno del Gobierno de coalición, para pasar por el Congreso posteriormente, se abonaría por cada hijo hasta los 18 años. En la práctica, su compatibilidad con otros instrumentos permitiría que algunas familias acumulen cuantías muy superiores durante los primeros años de vida del menor.
Según el esquema expuesto por fuentes de Consumo al citado medio, a los 200 euros mensuales se podrían sumar los 100 euros al mes de la deducción por maternidad para madres trabajadoras con hijos de hasta tres años, hasta 110 euros del complemento de ayuda a la infancia vinculado al Ingreso Mínimo Vital (IMV) en hogares vulnerables, y, en determinadas comunidades autónomas, prestaciones adicionales.
Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid existe una ayuda de hasta 500 euros mensuales durante los tres primeros años de vida. Con todo esto, una madre podría aproximarse a los 1.000 euros mensuales por hijo menor de tres años, aunque esta cifra variaría en función del territorio y de la situación económica del hogar.
Además, no todas las comunidades ofrecen ayudas directas en forma de pago mensual. En regiones como Andalucía, Navarra o la Comunidad Valenciana, parte de los apoyos a la natalidad se conceden como deducciones fiscales. Esto significa que su efecto depende de la obligación de presentar la declaración de la Renta y de cuánto se tenga que pagar en el IRPF.
Universalidad y progresividad fiscal
Según la misma información, el departamento que dirige Pablo Bustinduy defiende el carácter universal de la la ayuda al no estar condicionada por el nivel de renta para su acceso. “La prestación universal garantizaría el acceso efectivo a todas las familias y extendería el apoyo a toda la infancia, siguiendo los modelos consolidados en Europa”, sostienen fuentes próximas al ministerio al citado medio.
El argumento de Consumo es que los sistemas condicionados, como el complemento del IMV o la deducción para madres trabajadoras, dejan fuera a hogares que no cumplen requisitos formales (por ejemplo, no declarar el IRPF) pese a encontrarse en situación de vulnerabilidad. La nueva ayuda, en cambio, serviría como una ayuda básica para todas las familias con hijos y podría ampliarse en casos de mayor necesidad, como en hogares monoparentales o que ya reciben el Ingreso Mínimo Vital.
La principal objeción es que la ayuda también la cobrarían familias con ingresos altos. Según el Ministerio, esto se corregiría a través del impuesto sobre la renta. Las familias con menos ingresos recibirían la ayuda completa, las de ingresos medios devolverían una parte al hacer la declaración, y las de rentas altas la devolverían íntegramente. Es decir, todos la cobrarían al principio, pero el ajuste se haría después mediante el IRPF.
En su planteamiento inicial, los requisitos se limitarían a los habituales en cualquier prestación estatal: tener hijos a cargo y residencia en España.
