Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 han colado una actualización de los coeficientes máximos de la plusvalía municipal, oficialmente conocida como Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. De este modo, Hacienda ha elevado la tabla de baremos aplicables. La mayor subida la verán los inmuebles adquiridos entre 2012 y 2015, que podría ser de hasta el 50%. Al igual que el resto de medidas de los PGE, se empezaría a aplicar en enero de 2023.
Así se recoge en el famoso libro amarillo de los presupuestos, donde se explica cómo se llevará a cabo esta actualización de los coeficientes de la plusvalía municipal. Según este documento, se trata de “actualizar los importes de los coeficientes máximos previstos a aplicar al valor de los terrenos en función del periodo de generación del incremento de valor, para la determinación de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IVTNU)”.
En otras palabras, se contemplan subidas y bajadas en la plusvalía municipal dependiendo de cuándo se adquirió el inmueble. Partiendo de esta antigüedad, el coeficiente se eleva para las ventas de aquellos que se hayan comprado hace menos de un año (pasa de un 0,14 a un 0,15), para las que tienen un año (del 0,13 al 0,15) y se rebaja para las ventas a dos años (del 0,15 al 0,14) y paras las de tres años (de 0,16 a 0,15). La subida más notoria, como adelantaron ‘Vozpópuli’ y ‘Expansión’, será para las viviendas que se trasmitan 7 u 8 años después de su adquisición: pasan del 0,12 al 0,18 y de 0,10 al 0,15, respectivamente.
Los ayuntamientos tendrán la última palabra
Desde el Gobierno han asegurado que esta actualización de los coeficientes no implica una subida automática de los coeficientes de la plusvalía municipal. La Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL) ha aclarado que esta propuesta presupuestaria “no implica de por sí un incremento de este tributo para el contribuyente”, tal como recoge Europa Press.
Es decir, la medida posibilita que los ayuntamientos puedan ejecutar esta subida y actualizar sus ordenanzas, aunque al mismo tiempo estos tienen potestad para decidir no modificar los coeficientes. De hecho, la asociación a explicado que “incluso un ayuntamiento puede tomar la decisión de reducir esos coeficientes, puesto que los PGE establecen los coeficientes máximos pero no los mínimos”. Por este motivo, la última palabra la tendrán los ayuntamientos.
Actualización anual de la plusvalía municipal
En 2021, el Gobierno aprobó un Real Decreto-ley ‘in extremis’ para adaptar la plusvalía municipal después de que una sentencia del Tribunal Constitucional tumbara el anterior diseño que calculaba este impuesto. Ahora su propia normativa habilita la actualización de los coeficientes máximos, según la evolución del mercado inmobiliario, que se revisarán anualmente “mediante norma con rango legal”.
En concreto, se establece que pueden actualizarse mediante las leyes de los Presupuestos Generales del Estado. Del mismo modo, el decreto da la posibilidad a que los ayuntamientos corrijan hasta un 15% a la baja los valores catastrales del suelo, en función de su grado de actualización. Una reducción que solo se permite ejecutar para este impuesto.
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