La Agencia Tributaria vive un momento dulce en términos de recaudación, pero hay que prestar atención a los cimientos que sostienen esa recaudación, los cuales empiezan a mostrar grietas estructurales. En este sentido, mientras los ingresos por impuestos y cotizaciones alcanzaron una cifra histórica cercana a los 592.000 millones de euros en 2024 (que es un incremento del 7,3% impulsado por la inflación y la creación de empleo), el futuro más cercano de la hacienda pública se enfrenta a un gran problema. Según la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) los expertos avisan en su último número de Cuadernos de Información Económica de que el envejecimiento de la población y la baja productividad de la mano de obra entrante amenazan con erosionar la base del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
El profesor Romero-Jordán pide no dejarse cegar por las buenas cifras actuales y mirar la letra pequeña. El experto informa de que estamos entrando en un terreno peligroso (lo que él llama “zonas grises”) porque la composición de los contribuyentes está cambiando a peor para Hacienda. El problema es doble donde, por un lado, se jubilan españoles con sueldos altos (que pagaban muchos impuestos) y entran a trabajar inmigrantes con sueldos más bajos (que pagan menos); por otro, cada vez hay más pensionistas que cobrar.
En otras palabras, a más pensionistas con pensiones más altas y trabajadores con sueldos más bajos, el resultado es que el sistema no es sostenible y pierde dinero.
La trampa de la baja productividad
El análisis desmonta la idea de que la inmigración, por sí sola y sin tener en cuenta la cualificación, pueda proteger el Estado del bienestar. El problema no es de cantidad, sino de composición salarial y productividad. La población extranjera, esencial para cubrir vacantes, se concentra en sectores de bajo valor añadido (servicios y agricultura), mientras que menos del 11% se emplea en la industria, que es el sector que suele ofrecer mejores condiciones y estabilidad.
Esta realidad laboral tiene una traducción fiscal inmediata y es que según los datos de Funcas, la ganancia media anual de un trabajador de nacionalidad española fue de 28.662 euros en 2023. Por el contrario, los inmigrantes procedentes de África y América percibieron un promedio de 18.838 euros anuales (un 34% menos).
De esta forma, al tener salarios más bajos, su aportación al IRPF es proporcionalmente mucho menor debido a la progresividad del impuesto (recordar que nuestro sistema va por tramos, a más sueldo mayor tanto por ciento de IRPF), lo que debilita la capacidad de Hacienda para financiar los servicios públicos.
El difícil equilibrio entre pensiones y salarios
La tensión del sistema se hace evidente al cruzar los datos de ingresos salariales con los gastos en prestaciones. La pensión media de las nuevas altas de jubilación se situó en 18.916 euros brutos anuales, una cifra que supera “por pocos” al salario medio de los trabajadores extracomunitarios que se incorporan al mercado.
Ante esta situación, Funcas establece una ratio que ilustra la fragilidad del modelo: “se necesitaría alrededor de un trabajador inmigrante por cada nueva pensión de jubilación para mantener la recaudación de IRPF inalterada”. Aunque el saldo migratorio actual (más de 640.000 personas en 2023) cubre esta exigencia aritmética, fiar la estabilidad de las cuentas a un crecimiento poblacional constante conlleva otros riesgos sociales, como la presión sobre el mercado de la vivienda o la sanidad.
El documento introduce además una variable de largo recorrido que suele omitirse en el debate económico, y es que los inmigrantes también generan derechos pasivos. La proyección de Funcas señala que, en las dos próximas décadas, una parte relevante de los 3,54 millones de extranjeros que llegaron a España antes de 2010 pasará a formar parte de la población pensionista.
“Es previsible que una parte relevante haya generado derechos para recibir una pensión de jubilación contributiva”, apunta el texto. Aunque sus carreras de cotización hayan sido más inestables y sus bases reguladoras menores, el sistema deberá afrontar el pago de estas nuevas prestaciones en un momento en el que la presión demográfica interna será máxima.
España afronta este reto con un déficit público enquistado y una deuda que supera el 100% del PIB. La advertencia de los expertos es clara y dice que “el viento de cola que hoy infla la recaudación podría detenerse si no se aborda el problema de la productividad y se asume que el relevo generacional actual conlleva una merma en la potencia fiscal del trabajo”.
