El Gobierno será el primer accionista de Telefónica a través de SEPI

El Gobierno de España ha dado el visto bueno para que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) adquiera el 10% de las acciones de Telefónica con el objetivo de convertirse en el principal accionista de la compañía de telecomunicaciones. La medida, notificada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), pretende proporcionar "mayor estabilidad accionarial" y proteger las capacidades estratégicas de la empresa, tal y como indicó el Ministerio de Hacienda en un comunicado oficial.

El movimiento del Gobierno responde a una estrategia de contraataque a los inversores extranjeros, particularmente al grupo saudí STC, que en septiembre adquirió el 9,9% de las acciones de Telefónica. Aunque el objetivo general es el de proteger los intereses nacionales y preservar la posición estratégica de Telefónica, especialmente considerando su papel en servicios de telecomunicaciones para Defensa. Hay que recordar que la compañía es la empresa que más riqueza aporta a España, según ‘Cinco Días’.

El presidente de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé, ha mantenido conversaciones con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un intento de consolidar un núcleo duro español en la dirección estratégica de Telefónica.  Aunque la SEPI había confirmado previamente que estaba evaluando la operación, la decisión del Gobierno ha generado críticas, especialmente del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que cuestiona la utilización de fondos públicos para adquirir acciones de una multinacional y señala que el Gobierno aspira a controlar las grandes empresas del país.

Una intervención estatal histórica

En términos financieros, ese 10% de las acciones está valorado en poco más de 2.000 millones de euros, marcando un hito como la mayor operación de compra realizada por el Gobierno en la historia. Este movimiento no afectaría al déficit ni al techo de gasto, ya que se consideraría una operación financiera, según fuentes del Ministerio de Hacienda.

Dada la limitada capacidad de generación de ingresos de la SEPI, la intervención estatal sería esencial para llevar a cabo esta operación. La forma de financiamiento podría ser a través de una transferencia del Estado o permitiendo un mayor endeudamiento del grupo. Sin embargo, esto podría duplicar la deuda del conglomerado de empresas públicas, que cerró el ejercicio 2022 con 2.320 millones de euros en deudas con entidades de crédito. Así, el Gobierno, al adquirir este porcentaje, podría solicitar al menos un asiento en el Consejo de Administración de Telefónica. 

Este desarrollo se produce en un momento de cambios significativos en Telefónica, con la aprobación de su nuevo plan estratégico en noviembre pasado y la negociación para excluir de la bolsa a su filial alemana. Además, la compañía está inmersa en conversaciones con los sindicatos para un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectaría a empleados mayores de 55 años y podría afectar a cerca de 4.000 personas.

Se enfatiza así la creciente inclinación del Gobierno español hacia un papel más intervencionista en sectores estratégicos, emulando la presencia estatal en operadores de telecomunicaciones en otros países europeos como Francia, Alemania e Italia.  Sin embargo, la historia previa del Gobierno, como el asalto a Indra para alinear los intereses de la empresa con los del Ejecutivo, suscita dudas sobre las verdaderas intenciones y el nivel de implicación que busca tener en Telefónica.