El Tribunal de Cuentas ha recomendado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones estudiar cambios legales para que el sistema pueda reconocer “de oficio” determinadas prestaciones cuando se cumplan los requisitos y existan datos suficientes. La propuesta llega tras una fiscalización del servicio de atención en el INSS, la TGSS y el ISM (ejercicio 2023) que identifica cuellos de botella en la tramitación de ayudas y recuerda que este ámbito gestiona un volumen de recursos superior a 180.000 millones de euros en pensiones y otras prestaciones.
Para acceder a las prestaciones requiere solicitud expresa del interesado, pues “la normativa no contempla la posibilidad de iniciar el procedimiento de oficio”, subraya el Tribunal, lo que alimenta demoras y trámites redundantes. La institución sugiere optimizar las citas presenciales para ampliar su disponibilidad e introducir un reconocimiento abreviado cuando conste que el ciudadano cumple los requisitos.
A pesar de que la Seguridad Social recuperó en 2024 el 76% de la atención presencial previa a la pandemia, todavía persisten problemas para conseguir una cita previa así como limitaciones en la identificación telefónica que impiden realizar gestiones sensibles (como solicitar prestaciones) por esa vía.
Pensión de viudedad u orfandad entre las que deberían de reconocerse automáticamente
La fiscalización constata que la Seguridad Social ha recuperado en 2024 el 76% de la atención presencial previa a la pandemia, pero persisten dificultades para obtener cita y limitaciones en la identificación telefónica que impiden realizar gestiones sensibles (como solicitar prestaciones) por esa vía. También aprecia que la información de la web sobre canales, trámites y horarios no es completa, lo que dificulta elegir la opción adecuada.
Entre las prestaciones candidatas a un reconocimiento automatizado, el Tribunal cita aquellas cuyos datos y cálculos están disponibles de forma sistematizada: Nacimiento y Cuidado del Menor, Muerte y Supervivencia, y Viudedad y Orfandad. La medida añade, aliviaría la presión asistencial en oficinas.
Para que el reconocimiento de oficio sea viable, se requiere más y mejor intercambio de información entre administraciones. La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) valora la propuesta como una demanda histórica del colectivo, pero pide abordar la gestión del dato. Su vicepresidenta, Celia Ferrero, señala que “se podría conceder de oficio si la Seguridad Social dispusiera de toda la información que obra en poder de la AEAT”. Ese acceso exigiría consentimiento del contribuyente y una coordinación efectiva con Hacienda y las Haciendas forales. En cualquier caso, advierte, la verificación de requisitos (por ejemplo, en el cese de actividad) seguiría siendo imprescindible.
Autogestión digital incompleta y desigualdades territoriales lastran la atención
La auditoría amplía el foco al resto del sistema, pues en la Tesorería General de la Seguridad Social, el modelo de atención se ha rediseñado para fomentar la autogestión telemática, pero no existen formularios estructurados para todos los trámites en sus subcanales, lo que resta eficacia. El Instituto Social de la Marina, por su parte, carece de un sistema de registro y seguimiento de las atenciones; además, los ciudadanos sin identificación electrónica no pueden realizar trámites por teléfono o internet. En general, el canal telemático no está completamente automatizado y la información que introduce el ciudadano se reintroduce manualmente en las aplicaciones de gestión.
El informe también detecta diferencias territoriales, ya que hay desigualdades en el acceso a citas y en los tiempos de captura de solicitudes según la provincia, factores que retrasan la resolución de expedientes y pueden traducirse en tratos desiguales para los solicitantes.
En el trámite de alegaciones, la Seguridad Social ha indicado que estudia distintas propuestas en línea con la recomendación del Tribunal, incluida la posible modificación de la Ley General de la Seguridad Social para facilitar el acceso a las prestaciones cuando concurran los supuestos legales. El objetivo declarado es anticipar demandas apoyándose en el desarrollo tecnológico y en la información disponible.
