El Gobierno tiene la 'receta' que sacaría adelante los Presupuestos Generales del Estado 2025

El Gobierno de España quiere sí o sí nuevos Presupuestos Generales del Estado en 2025 e intenta evitar otra prórroga de los actuales a toda costa. A pesar de las reuniones y tomas de contacto entre el Ministerio de Hacienda y los diferentes partidos políticos, hay algunos flecos por pulir que ponen en jaque a que puedan aprobarse antes del 1 de enero de 2025. Es por eso que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha dado la receta o solución para que esto no ocurra y el año fiscal arranque con unos nuevos.

El titular de la cartera de Economía ha anunciado esta mañana desde Londres que “un acuerdo sobre la reforma fiscal” puede “abrir la puerta” a un pacto en materia de Presupuestos, como recogen desde Europa Press. Y es que la nueva reforma fiscal impulsada por el Ministerio de Hacienda, bajo las órdenes de María Jesús Montero, sigue sin los apoyos suficientes entre los socios de gobierno, lo que ha hecho que muchos lo retiraran en la última votación en el Congreso.

Como argumenta el propio Cuerpo, “estamos, de manera muy intensa, concentrando las negociaciones para tenerlo cuanto antes. No estamos escatimando ningún esfuerzo por parte del Gobierno para ser capaces de llegar a este acuerdo”. La mencionada reforma con la que se pretende prorrogar los impuestos a la banca y eliminar el de las energéticas no ha salido adelante, por lo que los socios de Pedro Sánchez “ya sopesan que el proyecto se quede en un nuevo tributo mínimo del 15% a las multinacionales”, recogen desde la agencia.

¿Habrá finalmente Presupuestos Generales del Estado en 2025?

A pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno para asegurar la tramitación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025, la situación parece cada vez más compleja. Según ha informado el Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, ya no queda tiempo suficiente para completar todo el proceso necesario.

La tramitación de los presupuestos en las Cortes Generales es un procedimiento largo y detallado, que suele durar algo más de dos meses en el mejor de los casos. Este proceso incluye la comparecencia de altos cargos, los debates tanto en el Congreso como en el Senado, la discusión de enmiendas y, si es necesario, la devolución al Congreso para la aprobación definitiva tras un posible veto por parte del Senado. A pesar de la voluntad del Gobierno de agilizar los plazos, no parece viable tramitar los presupuestos antes de finalizar el año.

El problema no es solo una cuestión de plazos, sino también de apoyos parlamentarios. El Ejecutivo se ha visto obligado a posponer en varias ocasiones la Comisión de Hacienda del Congreso, con el fin de ganar tiempo en las negociaciones sobre la reforma fiscal. Actualmente, la ministra María Jesús Montero no parece ser capaz de recuperar la mayoría parlamentaria que facilitó la investidura de Pedro Sánchez.

Si la negociación que se llevará a cabo la próxima semana se salda con un fracaso, sería el tercer intento fallido de la vicepresidenta en su esfuerzo por aprobar los presupuestos. Previamente, ya perdió la votación sobre la senda de déficit y tuvo que desistir en su segundo intento debido a la negativa de los partidos que apoyaron la investidura.

¿Qué ocurrirá con las pensiones si no se aprueban los nuevos PGE para 2025?

En el caso de que no se logren aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2025, el Gobierno se enfrentará al desafío de gestionar las políticas de gasto previstas sin una nueva ley de presupuestos. En particular, el área de las pensiones y otras prestaciones de la Seguridad Social serán prioritarias, y el Ejecutivo deberá recurrir a otros mecanismos normativos para poder llevar adelante estas políticas.

Aunque la actualización de las pensiones no dependería de la aprobación de los nuevos presupuestos, ya que el Gobierno tiene la capacidad de realizar este ajuste mediante un real decreto, la situación será diferente para otros aspectos. Por ejemplo, la actualización del IPREM debe ser votada en el Congreso, ya que afecta a varias prestaciones, como el paro o los subsidios por desempleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Por otro lado, el Ingreso Mínimo Vital experimentará un aumento de forma automática, dado que su incremento para 2025 está ya previsto en el Real Decreto-ley 2/2023, por lo que no necesitará de la tramitación de los presupuestos para ser actualizado.