El Gobierno ha aprobado, en el Consejo de Ministros del 15 de julio, un anteproyecto de ley que permitirá a las personas con discapacidad y dependencia compatibilizar un empleo con las prestaciones que reciben para su cuidado y autonomía personal, así como también permitirá compatibilizar el subsidio por desempleo con un trabajo.
La nueva norma responde a una demanda histórica de las asociaciones del sector, ya que hasta ahora, bastaban unas horas de actividad laboral para perder las ayudas esenciales. Sin embargo, su eficacia real dependerá de la financiación y del desarrollo de las comunidades autónomas.
Una reforma que reconoce los apoyos esenciales
El texto reconoce que los ingresos laborales no eliminan la necesidad de apoyos como la asistencia personal, la ayuda a domicilio o las prestaciones económicas ligadas al cuidado familiar. “Rompe la lógica binaria que obligaba a elegir entre trabajar o vivir con dignidad”, celebraba Daniel-Aníbal García Diego, presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE).
Los expertos coinciden en que mantener esos servicios es clave para que el empleo se convierta en una auténtica vía de inclusión. Sin embargo, advierten de que la reforma podría generar conflictos legales.
La financiación es otro de los puntos críticos. Si aumenta el número de beneficiarios sin nuevos ingresos públicos, el sistema podría resentirse. “No basta con el BOE, hace falta presupuesto estable”, recalcaba García.
En manos de las comunidades autónomas
Así, el anteproyecto deja en manos de las comunidades autónomas la regulación de compatibilidades específicas. Sin embargo, las asociaciones señalan que esto podría dar lugar a diferencias territoriales, ya que dos personas con idéntica dependencia podrían recibir respuestas diferentes en función de su lugar de residencia.
Ahora, el proyecto inicia su tramitación parlamentaria, donde se espera un intenso debate centrado en reforzar las garantías de igualdad y consolidar los fondos.
