El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto destinado a ofrecer seguridad jurídica y económica frente a impagos a los propietarios de viviendas en alquiler. La iniciativa, está diseñada para respaldar a los caseros que firmen contratos con jóvenes menores de 35 años o personas en situación de vulnerabilidad.
La medida responde a una exigencia directa de Junts en el marco de las negociaciones parlamentarias que sostienen la legislatura. El decreto establece que el aval del Estado cubrirá no solo el impago de las rentas mensuales, sino también los posibles daños causados en el inmueble y los costes derivados de suministros pendientes de abono. Sin embargo, el Ejecutivo ha limitado el alcance de esta protección, se aplicará exclusivamente a los contratos de arrendamiento que se encuentren vigentes a fecha de 30 de enero de 2025.
Condiciones vinculadas al control de precios
Para acceder a esta garantía pública, los propietarios deberán cumplir una serie de requisitos estrictos que vinculan la ayuda a la contención de rentas. Según el texto aprobado, los arrendadores no podrán superar el índice estatal de precios de referencia del alquiler, una condición que busca evitar que la medida fomente una subida de precios en el mercado. Además, deberán haber depositado la fianza legal y sus actualizaciones correspondientes, y estar al corriente de sus obligaciones tributarias con Hacienda y la Seguridad Social.
El mecanismo exige también que se formalice con el inquilino un compromiso relativo al aval, siguiendo el modelo oficial establecido por la Administración. Podrán beneficiarse de este sistema tanto los propietarios particulares como las comunidades de propietarios, siempre que hayan contratado seguros con las personas arrendadoras.
La gestión de estos avales recaerá sobre las comunidades autónomas, que podrán establecer criterios adicionales para su concesión si así lo consideran necesario. Los gobiernos autonómicos deberán remitir información semestral al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana sobre las coberturas concedidas, reforzando su papel en la ejecución de las políticas habitacionales.
Aún se desconoce el importe máximo de los avales.
A pesar de la aprobación, el Gobierno no ha especificado todavía la dotación presupuestaria que respaldará la iniciativa ni el importe máximo que cubrirán los avales por vivienda. Esta falta de concreción económica deja en el aire el alcance real que tendrá la medida en un mercado tensionado por la falta de oferta y los precios elevados en las grandes ciudades.
Pedro Sánchez había adelantado la iniciativa presentándola como una fórmula para “ayudar a los propietarios ante los impagos en caso de arrendamiento a jóvenes o a familias vulnerables”. Por su parte, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha subrayado que el objetivo es “dar garantías” y desactivar los “discursos que alimentan el miedo” entre los tenedores de vivienda, intentando así equilibrar la protección entre arrendadores e inquilinos.
