La Junta de Andalucía ha anunciado la entrada en vigor de cuatro nuevas deducciones autonómicas en el IRPF a partir del uno de enero de 2026, incluidas en los presupuestos de la comunidad, aprobados el pasado 18 de diciembre por el Parlamento andaluz. Una de las principales novedades es la ampliación de la deducción por alquiler de vivienda habitual, que permitirá desgravar hasta 1.200 euros anuales.
Estas medidas se enmarcan en la séptima bajada de impuestos impulsada por el Gobierno andaluz desde 2019, con el objetivo de aliviar la carga fiscal de distintos colectivos.
Además de la deducción por alquiler, el Ejecutivo autonómico ha incorporado beneficios fiscales por gastos de gimnasio, productos sin gluten y gastos de mascotas y veterinarios.
Quiénes podrán beneficiarse de esta ayuda
La deducción por alquiler de vivienda habitual podrán aplicarla jóvenes menores de 35 años, personas mayores de 65, así como víctimas de violencia de género y de terrorismo. El límite máximo de la deducción se eleva hasta los 1.200 euros anuales, frente a los 1.000 vigentes hasta ahora, y podrá alcanzar los 1.500 euros en el caso de personas con discapacidad.
Alquiler en Andalucía
El alquiler de vivienda habitual en Andalucía se encuentra en una etapa marcada por el aumento continuado de los precios y una oferta insuficiente para cubrir la demanda.
En los últimos años, cada vez más hogares tienden a recurrir al alquiler como opción principal, sobre todo jóvenes y familias con bajos ingresos, que no pueden permitirse otras alternativas, mientras los precios siguen subiendo y tensionando los núcleos urbanos y las zonas turísticas.
Málaga, Sevilla y Cádiz son las provincias con los precios medios de alquiler más elevados, en el primer caso con una horquilla que se ubica entre los 1.300 y 1.400 euros mensuales, según el portal inmobiliario Idealista. Mientras que en Sevilla ronda entre los 950 y 1.000 euros mensuales, y en Cádiz en torno a los 850 y 900 euros.
En este contexto, la ampliación de la deducción por alquiler en el IRPF puede suponer un alivio económico para miles de contribuyentes, especialmente jóvenes y otros colectivos vulnerables, aunque el acceso a la vivienda sigue siendo un problema estructural que, según los expertos, requiere una regulación más profunda del mercado del alquiler.
