Más de 6 millones de hogares podrían quedarse sin bombona de butano como consecuencia de los paros que las agencias distribuidoras de este gas harán en los próximos días. Las más de 170 pequeñas y medianas empresas que realizan el reparto a domicilio, reclaman al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que revise las tarifas que llevan sin cambios desde hace más de diez años. Señalan que los costes operativos, como los salarios, el mantenimiento de flota y los combustibles, no se ven compensados con el precio actual de la bombona de butano a pesar de que en su última revisión de septiembre, aumentó su valor.
Este escenario ha provocado que la Federación Española de Distribuidores de Gases Licuados del Petróleo (FEDGLP) anuncie que, el próximo 21 de octubre, definirán un calendario de paros en la Asamblea General. Estos paros afectarán principalmente a los consumidores más vulnerables, quienes dependen del butano para cubrir sus necesidades energéticas básicas, sobre todo en el invierno que está próximo a llegar.
Es importante también recordar que esta medida se toma a un mes de que se vuelva a revisar y modificar el precio de la bombona de butano, prevista para que entre en vigor el 19 de noviembre. La Dirección General de Política Energética y Minas establece en la Orden IET/389/2015 , que esto debe realizarse cada dos meses.
El impacto sobre los consumidores: un servicio esencial en peligro
Los paros de distribución domiciliaria de butano afectarán principalmente a los hogares más vulnerables, muchos de ellos en áreas rurales y sin acceso a otras fuentes de energía. Para estos usuarios, el butano no solo es la opción más asequible, sino que a menudo es la única para calentar sus hogares durante el invierno. La interrupción del suministro podría poner en peligro la seguridad energética de millones de personas.
El Gobierno, que hasta la fecha no ha atendido las solicitudes de revisión de tarifas por parte de las agencias distribuidoras, ha mantenido congelado el precio máximo de la bombona en 19,55 euros, en virtud del Real Decreto-Ley 11/22. Si bien esta medida buscaba proteger a los consumidores ante la crisis energética, ha hecho inviable la rentabilidad de las empresas distribuidoras, que se ven obligadas a operar con una retribución de tan solo 0,53 €/kg, una cifra muy por debajo de lo que perciben otros sectores logísticos.
La economía de las distribuidoras: un modelo insostenible
Además de la afectación directa a los consumidores, la paralización de la distribución de butano amenaza la supervivencia de más de 170 PYMES en toda España. Según la FEDGLP, estas empresas generan más de 3.500 empleos directos y su desaparición tendría un impacto significativo en la economía local, especialmente en zonas rurales.
El informe de la consultora BDO España, citado por las agencias distribuidoras, señala que para que el reparto de bombonas sea viable, la retribución mínima debería ser de 4,8 euros por bombona. Sin embargo, la falta de actualización de tarifas y el aumento de los costes operativos han llevado al sector al borde del colapso. Mientras tanto, el precio de venta de la bombona en España sigue siendo uno de los más bajos de Europa, a pesar de que en otros mercados el coste puede llegar a triplicarse.
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