El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha aumentado la presión sobre el mercado del alquiler con una doble estrategia: por un lado, ha requerido a los grandes tenedores que cumplan con la nueva prórroga obligatoria de contratos; por otro, ha advertido de que si el decreto de prórroga del alquiler no sale adelante en el Congreso porque la derecha vota “no”, esto podría tener consecuencias sociales importantes sobre miles de familias y jóvenes que podrían llegar incluso a tener que volver a vivir con sus padres. Una medida más por parte de Consumo para intentar contener la crisis de vivienda en España que se une a otras como la investigación de anuncios de alquiler en grandes portales que incumplían las normas de precios o la de prórroga de los desahucios.
El departamento que dirige Pablo Bustinduy ha enviado cartas a 13 fondos de inversión e inmobiliarias que gestionan más de 100.000 viviendas en España para recordarles que deben aceptar la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler que expiren entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, siempre que lo soliciten los inquilinos . Esta medida, aprobada mediante real decreto-ley el pasado 20 de marzo, permite extender los contratos hasta un máximo de dos años adicionales manteniendo las condiciones vigentes.
Según Consumo, esta prórroga constituye un “nuevo derecho” para los arrendatarios, que obliga a los propietarios a aceptarla sin posibilidad de rechazo, lo que supone un cambio sustancial en el equilibrio entre arrendador e inquilino. El Ministerio ha pedido además a estas compañías “la máxima diligencia” para aplicar de forma inmediata la norma .
El “no” de la derecha podría dejar a miles de personas “en la calle”
La medida, sin embargo, se encuentra pendiente de convalidación parlamentaria en un plazo máximo de 30 días. En este contexto, Bustinduy ha lanzado un llamamiento a todos los partidos de la derecha o que estén en contra de la medida de que si el decreto decae, “miles de personas se quedarán en la calle”.
El ministro ha defendido que la norma no introduce beneficios extraordinarios, sino que garantiza la continuidad de los contratos para evitar subidas abruptas de los alquileres que, según ha señalado, pueden alcanzar incrementos del 50% o incluso del 60% al finalizar el contrato, algo impensable para miles de familias. “Estamos hablando de familias que tienen a sus hijos en el colegio del barrio o de jóvenes que tendrían que volver a casa de sus padres”, ha destacado.
Además de la prórroga, el decreto incluye un tope del 2% en la actualización anual de las rentas hasta 2027, en línea con las medidas adoptadas para contener el impacto económico derivado del contexto internacional, en particular la guerra en Irán.
Bustinduy ha apelado a todos los grupos parlamentarios para negociar el texto, aunque ha dirigido sus críticas especialmente a la derecha, a la que acusa de defender los intereses de los grandes operadores inmobiliarios. A su juicio, oponerse a la norma equivaldría a permitir que estos actores “se forren de manera desproporcionada a costa de echar a las familias españolas a la calle”.
Un decreto clave en la política de vivienda
La prórroga de los alquileres entra dentro de un paquete de medidas urgentes aprobado por el Gobierno para hacer frente al encarecimiento del coste de la vida y que se ha puesto en la mesa también con motivo del paquete de medidas anticrisis para hacer frente a la guerra de Irán. Aunque el decreto ya está en vigor solo durará un mes y esto ha llevado al Ejecutivo a pedir a los inquilinos a solicitar cuanto antes la extensión de sus contratos.
El propio Gobierno confía en contar con los apoyos suficientes para su aprobación definitiva, aunque el resultado de la votación sigue siendo incierto. A la vez que esto, el Ministerio ha aumentado sus conversaciones tanto con el sector inmobiliario como con los grupos parlamentarios, consciente de que la medida afecta a un segmento especialmente sensible del mercado y con importantes implicaciones sociales.
En este escenario, la batalla por la vivienda vuelve a situarse en el centro del debate político, con el Ejecutivo tratando de blindar una medida que, según defiende, busca evitar una nueva oleada de desahucios en un contexto de fuerte presión sobre los precios del alquiler.
