El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con Pablo Bustinduy a la cabeza, está investigando aquellos anuncios de alquileres en zonas que se consideran tensionadas con precios que superan a los fijados por la ley para los grandes propietarios, así como los anuncios de pisos que no tienen incluido el precio del último contrato de alquiler que se ofreció en dicha propiedad para particulares. Esta investigación se abre justo después de que el ministro Carlos Cuerpo saliera en defensa de la nueva propuesta del Gobierno para bonificar a los propietarios que no suban el precio del alquiler.
Tal y como detalla el propio ministerio, la investigación se centra en anuncios que siguen estas prácticas, las cuales están consideradas como infracciones de la normativa de consumo al tratarse de "prácticas desleales por engañosa", por lo que conllevan sanciones a los propietarios o portales que las ponen en marcha.
Los anuncios de alquiler están obligados a justificar el precio
La actuación se enmarca en la monitorización activa del mercado de la vivienda que mantiene el ministerio, tras detectar indicios de incumplimiento de las nuevas obligaciones de transparencia introducidas por la Ley de Vivienda. Hasta ahora, esa información debía facilitarse antes de la firma del contrato, pero la normativa vigente exige que también figure de manera “clara y accesible” en los anuncios publicados en internet.
Desde el departamento de Bustinduy recuerdan que la Ley de Servicios de Atención a la Clientela obliga a los portales inmobiliarios a mostrar en los anuncios los parámetros que justifican el precio del alquiler en zonas tensionadas, como el índice de referencia aplicable en el caso de grandes tenedores o la renta del contrato anterior para los pequeños propietarios.
Los portales inmobiliarios, por su parte, sostienen que la responsabilidad última de los precios ofertados recae en los anunciantes. No obstante, el secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, ya trasladó recientemente a estas plataformas y a las asociaciones del sector los cambios legislativos y sus obligaciones como intermediarios entre arrendador y arrendatario.
Bustinduy ha advertido de que el ministerio actuará con “toda contundencia” si se confirman irregularidades, en un contexto de creciente tensión en el mercado del alquiler y de especial vigilancia sobre el cumplimiento de la ley en las zonas con mayores problemas de acceso a la vivienda.
