El acceso a la vivienda es reconocido como un derecho fundamental en la constitución española, pero parece ser que se ha convertido en un lujo al alcance de muy pocos. La subida de precios tanto para el alquiler como la compra de vivienda ha abocado a muchos jóvenes y no tan jóvenes a desistir de la vivienda y optar por opciones como compartir pisos o incluso vivir con los padres. Eso hace, y de hecho lo es, un problema considerado como emergencia habitacional. Es un tema de interés y preocupación en España, según la última valoración de CIS. En este sentido, la sindicalista Afra Blanco, en el programa de laSexta Xplica, ha criticado este problema poniendo el foco en la especulación que domina el mercado residencial.
La colaboradora también de los programas de Espejo público y Al Rojo Vivo, explica que “tenemos que volver al origen del debate. Las viviendas no son un negocio, son para vivir. Son para que las personas trabajadoras puedan vivir, no son para hacer un negocio. Y menos todavía cuando hay una emergencia habitacional, menos todavía cuando estamos hablando de zonas tensionadas”.
“El acceso a la vivienda tiene que ser equitativo por delante del lucro”
Durante su intervención, Afra Blanco explicó que “ tenemos que recordar que seis de cada diez viviendas que se están comprando son para invertir. No es normal. Cuando estamos en una emergencia, no cabe actividad económica con la vivienda”. Con estas palabras la sindicalista quiso hacer entender que la vivienda se concibe como una necesidad, un derecho básico que tenemos todos y no un capricho o un lujo.
Además, hizo referencia a lo que viene reflejado en nuestras leyes ya que “a veces olvidamos el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dice que es un derecho básico, que el acceso tiene que ser equitativo por delante del lucro”. Que de hecho, si vamos a web de las Naciones Unidas dice textualmente: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.
A juicio de la representante sindical, es fundamental replantear el actual modelo, en el que el ladrillo vuelve a considerarse un refugio para los inversores, incluso en contextos de emergencia habitacional. Por ello, insistió en que tanto el marco legal como la voluntad política deben priorizar la protección de un acceso justo y universal a una vivienda digna.
