Encontrar una vivienda en alquiler en España se ha convertido en una tarea complicada para muchos españoles, algo que afecta de forma especial a los autónomos que sufren una traba adicional: muchos caseros desconfían de inquilinos no tienen un contrato indefinido ni una nómina fija.
Según los últimos datos recogidos por el Observatorio del Trabajo Autónomo de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), el 49% de los trabajadores por cuenta propia encuestados reconoció haber sufrido obstáculos al intentar alquilar una vivienda por el mero hecho de ser trabajadores autónomos.
Los resultados de esta segunda edición del Observatorio reflejan un patrón común, muchos propietarios exigen garantías adicionales o descartan directamente a los solicitantes sin contrato indefinido. Entre las trabas más frecuentes se encuentran la solicitud de fianzas superiores a lo habitual, la necesidad de presentar avalistas o simplemente el rechazo por no contar con una nómina estable.
Desde UATAE destacan que esta discriminación se produce pese a que el colectivo autónomo representa una parte esencial del tejido económico y social. Según explicaron, la percepción de inseguridad sobre sus ingresos sigue siendo un factor determinante, a pesar de que muchos autónomos cuentan con trayectorias económicas consolidadas.
Reclaman protección ante una exclusión “silenciosa”
María José Landaburu, secretaria general de UATAE, subraya que “el trabajo autónomo no puede seguir siendo un estigma que te impida alquilar una casa”.
La situación que pone de manifiesto el estudio señala una vulnerabilidad estructural que aún no se ha abordado desde las políticas públicas. “Que el 49% del colectivo diga que ha tenido problemas para alquilar por este motivo demuestra que hay una vulnerabilidad estructural que no se está afrontando”, expone Landaburu.
La organización exige medidas concretas que garanticen el acceso equitativo a la vivienda, entre ellas el refuerzo de la protección social y el desarrollo de parques de vivienda pública que impidan cualquier tipo de discriminación basada en la situación laboral, el género o el origen de la persona solicitante.
Desde la asociación insisten en que esta brecha no se limita al plano económico, sino que afecta de lleno al ejercicio de derechos fundamentales como el acceso a una vivienda digna, y es hora de que las políticas públicas integren a los autónomos en todas las dimensiones sociales. “El hecho de que un autónomo pueda desarrollar una actividad económica con éxito, generar empleo y aportar a la economía, pero no pueda alquilar una vivienda en igualdad de condiciones que un asalariado, evidencia una brecha que va más allá de lo económico”, sentencia Landaburu.
