La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se reúne este miércoles con las principales organizaciones de autónomos, ATA, UPTA y Uatae, para perfilar el plan de respuesta que el Gobierno prevé aprobar este viernes en el Consejo de Ministros con el objetivo de amortiguar el impacto económico y social de la guerra en Irán.
El encuentro tendrá lugar en el Ministerio de Trabajo a partir de las 13:00 horas, fruto de la creciente preocupación por el encarecimiento de la energía y sus efectos sobre la actividad económica.
El Ejecutivo pretende articular una primera batería de medidas de carácter "integral", centradas especialmente en el aumento de los precios energéticos derivado del repunte del petróleo y del gas natural tras el estallido del conflicto en Oriente Próximo. Según ha avanzado la propia Díaz en los últimos días, el Gobierno plantea la recuperación de mecanismos ya activados durante la guerra de Ucrania, entre ellos la prohibición de despidos vinculados al encarecimiento de la energía, si bien ha matizado que las medidas serán, por ahora, de menor intensidad.
"Quiero trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía española. El Gobierno de España trabaja para proteger a sus sectores productivos y a la gente trabajadora", ha afirmado recientemente la ministra, en un intento de contener la incertidumbre generada por la escalada internacional.
Las propuestas de ATA y UPTA
La reunión servirá también para recoger las demandas de un colectivo especialmente sensible a los costes energéticos y a la inflación. Desde la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), su presidente, Lorenzo Amor, ha reclamado una reducción de los impuestos especiales sobre la energía y una rebaja del IVA aplicado a la luz y al gas.
Por su parte, UPTA ha planteado un paquete más amplio de medidas bajo la denominación de 'Escudo Autónomo'. Entre sus propuestas figuran bonificaciones directas al combustible de entre 0,20 y 0,30 euros por litro para usos profesionales, la reducción del IVA energético al 5% y la activación de mecanismos de compensación si el precio de la electricidad supera determinados umbrales. La organización también aboga por ayudas directas frente a la inflación, como cheques trimestrales para autónomos con menor facturación, así como facilidades fiscales —aplazamientos de IVA e IRPF sin intereses o reducción de pagos fraccionados— y líneas de liquidez a través del ICO.
La propuesta de Uatae
En una línea similar, Uatae ha puesto el foco en los trabajadores por cuenta propia con menor capacidad económica. La organización propone la creación de la figura del "autónomo vulnerable", con distintos niveles en función de la renta y la situación familiar, lo que permitiría aplicar ayudas específicas. Entre ellas, destaca la extensión del bono social eléctrico a locales comerciales —con descuentos de hasta el 100% en casos extremos—, la creación de un bono térmico, así como medidas para contener el coste de hipotecas y alquileres vinculados a la actividad.
El encuentro de este miércoles se enmarca en la estrategia del Gobierno de abrir un proceso de diálogo con los agentes sociales antes de concretar el paquete de medidas. Aunque el impacto del conflicto se concentra por ahora en el coste de los combustibles, el Ejecutivo busca anticiparse a posibles efectos más amplios sobre la economía española, en un escenario internacional marcado por la volatilidad de los mercados energéticos.
Queda por definir el alcance exacto de las medidas y su duración, así como el grado de consenso con los distintos colectivos afectados. La experiencia de crisis anteriores, como la provocada por la invasión de Ucrania, servirá de referencia para calibrar una respuesta que, en esta ocasión, el Gobierno plantea como más contenida pero igualmente preventiva.
