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ATA propone a la Seguridad Social vincular las cotizaciones de los autónomos al IPC hasta 2031

También denuncian el incumplimiento en la equiparación de los autónomos en cuanto a protección social, citando como ejemplo el subsidio para mayores de 52 años.

Lorenzo Amor, presidente de ATA
ATA propone a la Seguridad Social vincular las cotizaciones de los autónomos al IPC hasta 2031 |EFE
Esperanza Murcia
Fecha de actualización:
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La Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA) ha propuesto una actualización de las bases de cotización de los autónomos conforme al Índice de precios al consumidor(IPC) actual hasta 2031, para el nuevo esquema de cotizaciones que están negociando con el Gobierno en lugar de una “subida lineal y predeterminada de bases”.

La propuesta, tal y como informa Europa Press, la han recogido en un documento sobre el Cumplimiento del Sistema de Cotización por Ingresos Reales después de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones hubiera propuesto elevar para el próximo año las cuotas mensuales que actualmente pagan los autónomos que cotizan por la base mínima, entre 17,37 euros y 206,24 euros, dependiendo de sus rendimientos netos.

Este sistema de cotización se alcanzó en un acuerdo de 2022 con las organizaciones de autónomos, patronales y sindicales que establece una estructura de tramos que permite a los trabajadores por cuenta propia cotizar en función de sus ingresos reales. Actualmente, se están negociando los tramos para los años 2026-2028, ya que se pactó revisarlos cada tres años.

Una subida prefijada es reformar “a ciegas”

Desde ATA han señalado que el acuerdo alcanzado en 2022 “no fijó cuotas futuras” ni una base de cotización “obligatoria para el año 2032”. Sobre esto, aclaran que “el acuerdo estableció una senda de transición de nueve años con revisiones trienales para evaluar y ajustar el sistema, no una subida lineal y predeterminada de las bases”.

En este sentido, la patronal de los autónomos afirma que una subida prefijada, sin disponer de las proyecciones macroeconómicas de 2024 y 2025, supondría una reforma “a ciegas” del modelo de cotización, lo que impide una evaluación “rigurosa y justa” del sistema. En referencia a este, defienden que el actual ya permite una correspondencia clara entre ingresos y cotización. Por ejemplo, en los tramos de mayores rendimientos, un autónomo puede elegir cotizar por una base de 1.900 euros (cuota de 590 euros) o por la base máxima de 4.900 euros (cuota de 1.500 euros), demostrando que “la capacidad de elección y la adecuación a los ingresos reales es un principio ya implementado”.

Entre las propuestas adicionales, la organización pide que se reconozca de forma automática el cese de actividad definitivo; que la Agencia Tributaria comunique los rendimientos computables antes de que la Tesorería empiece la regularización; que los pluriactivos coticen en el RETA sin posibilidad de superar la base máxima de cotización, como ocurre en el pluriempleo; y que los autónomos familiares y societarios mantengan su base de 2022 para no ver reducida su futura pensión.

Acusan al Gobierno de incumplir la protección social

ATA también ha aprovechado para denunciar que el Gobierno está incumpliendo en su compromiso de equiparar la protección social de los autónomos que recoge el acuerdo de 2022, afirmando que los trabajadores por cuenta propia siguen careciendo de derechos esenciales como el sistema de cese de actividad, con el 60% de las solicitudes denegadas, el subsidio para mayores de 52 años, el permiso por lactancia tras la baja de maternidad, los permisos ante efectos climatológicos adversos o por fallecimiento de un familiar o con lagunas de cotización no equiparables al Régimen General.

Asimismo, han recordado al Ejecutivo que los autónomos siguen pagando la cuota los primeros 60 días de enfermedad grave diagnosticada y que el sistema solo cubre el 75% de la cotización a los cuidadores de menores o familiares con patologías graves.

En último lugar, la patronal ha pedido distinguir entre quienes desarrollan actividades precarias y quienes utilizan el RETA para generar derechos de pensión (para los que piden un convenio especial), al tiempo que han demandado una mayor seguridad jurídica para los mutualistas que se incorporen al régimen de autónomos.