Son muchas las comunidades de vecinos que no quieren negocios en los bajos de sus edificios, sobre todo cuando se trata de bares o restaurantes por las molestias que causan los olores o los ruidos. Y es lo que ha pasado en un edificio grande en el que la comunidad ha terminado denunciando al restaurante de uno de los locales del edificio por no tener las autorizaciones necesarias y llenar las viviendas de olor a fritura.
Según informan desde Figaro Inmobiler, en dicho local había antes una tienda textil, por lo que no contaba con el equipamiento adecuado para funcionar como restaurante, y aun así fue alquilado sin las autorizaciones necesarias.
Durante dos años, los vecinos han vivido rodeados de los olores a fritura y humos persistentes, hasta que han llevado el caso de los tribunales y un juez ha condenado tanto al dueño del local como al arrendatario, aunque los residentes consideran que la sanción impuesta es insuficiente.
El restaurante hizo obras sin permiso de la comunidad
Tras alquilar el local, para funcionar como restaurante, el inquilino realizó una conexión ilegal al conducto de chimenea del edificio y bloqueó una abertura de ventilación comunitaria, ambas actuaciones sin el consentimiento de los vecinos ni los permisos municipales necesarios.
En París, la normativa exige la aprobación previa de la comunidad de propietarios y del ayuntamiento para instalar cualquier sistema de extracción de humos en fachada. Además, como todos los edificios están a menos de 500 metros de un monumento histórico, también se requiere el visto bueno de los arquitectos del patrimonio nacional.
Nada de eso se cumplió en este caso y los vecinos sufrieron las consecuencias; olores persistentes, humos en las viviendas y propietarios que llegaron a sellar sus propios conductos para protegerse de las molestias.
Ante la situación, la comunidad de propietarios interpuso una demanda contra el arrendador y el restaurador. En septiembre de 2025, el tribunal dio la razón a los vecinos y condenó a ambos a pagar 2.500 euros por las molestias. Además, se ordenó la retirada de la conexión ilegal con la chimenea del edificio, con una multa de 200 euros diarios por cada día de retraso.
Sin embargo, la sanción ha sido recibida con escepticismo por parte de los vecinos. “Probablemente, sea menos de lo que ingresan en un solo día”, lamenta la abogada Hélène Gilliot, del Colegio de Abogados de París. Aunque reconoce que es un primer paso, advierte que “si la situación no se corrige, se iniciarán nuevos procedimientos para solicitar la rescisión del contrato de arrendamiento”.