La crisis de la vivienda en España está empujando a muchas personas vulnerables a vivir en condiciones extremas. Es el caso de Margarita, una mujer de 71 años que residía en un velero atracado en el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria y que fue desahuciada este martes. La Autoridad Portuaria ordenó a la Guardia Civil y a la Policía Portuaria ejecutar el desalojo, alegando motivos de seguridad, flotabilidad e higiene de la embarcación.
El desahucio tuvo lugar a las 10:48 horas, después de que los agentes conversaran durante media hora con la afectada, que se negó a abandonar el barco al considerarlo su vivienda habitual, según la información publicada en el medio Canarias7. Finalmente, tres agentes accedieron al velero y la desalojaron por la fuerza para permitir que el personal del puerto desatracara la embarcación y la retirara de la dársena.
Durante el operativo, la mujer necesitó atención médica tras recibir un golpe en el forcejeo y por su estado de nervios, por lo que fue trasladada a un centro de salud cercano al muelle.
La Autoridad Portuaria alega riesgo para su ocupante
La ejecución del desahucio fue comunicada el pasado 18 de diciembre, un día después de que fuera autorizada por un juez, según relata la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Insisten en que la actuación no responde al uso del velero como vivienda, sino al peligro que suponía para su ocupante debido a su grave falta de conservación.
Según el organismo, la embarcación carecía de mástil y motor, “elementos esenciales para la navegación”, y presentaba un evidente estado de abandono. La orden de desahucio, añaden, se tramitó tras varios requerimientos previos realizados a lo largo de 2023 que no fueron atendidos.
Colectivos sociales señalan la “ilegalidad” del desalojo
La versión oficial ha sido duramente cuestionada por colectivos sociales como la Plataforma ‘Derecho al Techo’ y el grupo ‘Mi Barco, Mi Casa’, que han denunciado que el procedimiento fue ”ilegal” al no contar con la presencia de la comitiva judicial durante el lanzamiento. También critican que se haya privado a Margarita de su vivienda sin un informe previo de vulnerabilidad.
Ambas organizaciones aseguran que la mujer no tiene otro lugar donde vivir y ponen en duda los argumentos técnicos de la Autoridad Portuaria. En este sentido, señalan que los supuestos problemas de flotabilidad no se sostienen, ya que el velero fue retirado del muelle navegando y manejado por personal del propio puerto.
Los colectivos también denuncian la falta de una notificación clara y de acompañamiento administrativo y social, subrayando la situación de aislamiento y fragilidad de una persona mayor que vive sola. El portavoz de ‘Mi Barco, Mi Casa’, Antonio Pérez, acusó a la Autoridad Portuaria de actuar de “mala fe” con una persona vulnerable y cuestionó que se conozca el estado real del interior de la embarcación.
Tras el desalojo, tres trabajadores de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acudieron al muelle y anunciaron que tratarán de ofrecer una solución habitacional a Margarita, mientras pernocta en un centro de acogida en Ciudad Alta, además de coordinarse con la Policía Portuaria para la recuperación de sus enseres personales.