Construir una vivienda en una parcela requiere de permisos municipales, y hacer obras que no han sido autorizadas en los mismos puede traer graves consecuencias, sobre todo si los resultados molestan a los vecinos, que lo tienen fácil para denunciar. Y es lo que ha pasado a un vecino de Hove, East Sussex (Reino Unido), al que ordenaron derribar una casa que se construyó, valorada en aproximadamente 1,2 millones de euros, tras una larga disputa con los vecinos y las autoridades locales.
La casa en cuestión fue construida en 2021 por Michael Deller, de 41 años, en el jardín de una parcela vecina que compró por unos 760.000 euros. El proyecto preveía una villa de dos plantas con cuatro dormitorios y tres baños, acabados de alto nivel, suelos de mármol, jardín privado y comodidades modernas. Sin embargo, el conflicto surgió, según recogen en el medio británico The Sun porque construyó un sótano que no estaba autorizado por el ayuntamiento.
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Deller había solicitado permiso para construir la vivienda principal, pero cuando presentó una solicitud adicional para incluir un sótano destinado a albergar una sala de cine‑gimnasio, un dormitorio adicional y trasteros, esa petición fue rechazada por el Ayuntamiento de Brighton y Hove. A pesar de ello, la obra continuó y la casa fue terminada en 2022.
Una casa demasiado moderna para un vecindario tradicional
Tras la construcción de la casa, los vecinos no tardaron en mostrar su descontento sobre el impacto visual y urbanístico de la nueva construcción. Para muchos residentes cercanos, la presencia de una estructura dominante y moderna en medio de un vecindario de casas tradicionales rompía con el carácter del entorno.
Uno de ellos llegó a afirmar que se trataba de una “grotesca sobreexplotación del terreno” que tendrían que ver “todos los días por el resto de nuestras vidas”. Otro comentó con disgusto que veía el edificio “completamente blanco desde nuestro jardín todos los días”, subrayando que la casa no armonizaba con los árboles ni con la vegetación circundante.
Una orden de demolición respaldada por el ayuntamiento
Tras analizar las quejas de los vecinos y revisar la situación urbanística, los responsables municipales determinaron que la vivienda, tal como estaba construida, no respetaba el permiso inicial, debido a la inclusión del sótano sin autorización. Por eso se emitió un aviso de ejecución urbanística que obliga al propietario a demoler la casa por completo.
En respuesta, Deller presentó una nueva solicitud de planificación con el objetivo de regularizar la situación y adaptar la construcción a lo autorizado originalmente. Durante el proceso, declaró que había sido advertido de que incluir el sótano implicaría el pago de un impuesto de infraestructura comunitaria de unos 47.000 euros, una tasa empleada para financiar servicios locales como escuelas o transporte, pero continuó con sus planes sin asegurar previamente el permiso correspondiente.
Desde el ayuntamiento han recordado que no se recomienda iniciar ningún trabajo sin contar con todos los permisos pertinentes. La presidenta del comité de planificación, Alison Thomson, señaló que, en caso de recibir nuevas solicitudes, el consejo tendrá en cuenta tanto los informes técnicos como los comentarios a favor o en contra antes de tomar una decisión final.
Mientras se resuelve la situación, la vivienda se encuentra a la venta en portales inmobiliarios. El anuncio resalta su diseño moderno, la distribución diáfana y los detalles de lujo, pero también especifica que “la planta baja se encuentra actualmente sujeta a ejecución urbanística”. Esto significa que cualquier comprador potencial entra en una transacción con plena conciencia de que existe un procedimiento legal en curso que podría determinar la demolición de la propiedad.