El cómo desalojar a un okupa de una casa se ha convertido prácticamente en cuestión de Estado. Y nunca mejor dicho, al ser una problemática multidisciplinar en el que se ven involucrados simultáneamente lo social, lo económico, lo político o lo judicial…sin embargo, las mayores consecuencias siempre acaban recayendo en los propietarios, que en algunos casos pierden la que es su vivienda habitual hasta que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado proceden al desalojo.
Y el proceso que lleva al fallo judicial firme que lo indica no es ni sencillo, ni rápido. Todo lo contrario. El proceso, de media, suele extenderse hasta los 18 meses, prácticamente un año y medio, según indican los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ese compás de espera que otorga cierta ‘inmunidad’ legal al okupa se ha extendido en el sector.
El número de okupaciones ha crecido un 20% los índices de ocupación de viviendas respecto a 2021, tal y como recoge la Asociación Nacional de Afectados por la Ocupación (ONAO) en su último estudio. Es decir, unas 40 viviendas al día. También indica que cerca de 620.000 viviendas en España están okupadas…pero ni el 5% de estos son considerados familia vulnerable. Crecen las okupaciones y también las técnicas. Por ello, el PSOE tomó la iniciativa al registrar recientemente una enmienda a la Ley de Enjuiciamiento Criminal que propone desalojar a los okupas en menos de 48 horas.
La ‘táctica del Telepizza’ o cómo evitar el desalojo policial
El Estado se refuerza, pero también el colectivo okupa. Se ha notificado la proliferación de mafias inmobiliarias que exigen dinero para abandonar los pisos. Pero no es la última irrupción: la picaresca está a la orden del día. No es novedad que los que han entrado en ese piso pongan servicios de internet o de luz a su nombre, como ocurrió en 2018 en dos casos en Cataluña. Sin embargo, el ‘modus operandi’ parece haberse extendido al resto del país. Es la ‘táctica del Telepizza o simplemente la ‘táctica de la pizza’.
Las instrucciones son claras: localizar una vivienda, encargar una pizza o comida a domicilio cualquiera, esperar al repartidor en la puerta o portal y recoger el ticket o el pedido. Dos días más tarde, como mínimo, proceden a la okupación. Ese plazo es clave, ya que, superadas las 48 horas ese ticket sirve ante las autoridades como justificante de residencia. Por tanto, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado solo podrán desalojar a las personas que han entrado a ese inmueble mediante una orden judicial al prevalecer el derecho a la inviolabilidad del domicilio.
Okupar y usurpar, la gran diferencia
La Policía Nacional, la encargada del desalojo, solo puede intervenir si es testigo de este delito de forma flagrante. Es decir, si lo ven. Sin embargo, la gran diferencia radica en los términos allanar y usurpar y sus grandes cambios en cuanto a consecuencias. El allanamiento, que contempla penas de hasta cuatro años de prisión, se produce cuando existe una entrada no autorizada en una primera o segunda residencia que está habitada. La okupación suele ser una usurpación, el delito producido cuando está deshabitada y que expone menos a los que lo cometen.
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