El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que España prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años y endurecerá de forma sustancial la responsabilidad legal de las plataformas digitales y de sus directivos cuando no retiren contenidos “de odio e ilegales”.
Las medidas, que se aprobarán la próxima semana en el Consejo de Ministros según adelanta Europa Press, han sido presentadas durante su intervención en la Cumbre Mundial de los Gobiernos celebrada en Dubái.
Verificación de edad y control del discurso de odio
El paquete normativo obligará a las plataformas a implantar sistemas “efectivos” de verificación de edad y no solo mediante declaraciones voluntarias como ocurre ahora. También contempla la creación de un sistema de “rastreo, cuantificación y trazabilidad” del discurso de odio, bautizado por el Ejecutivo como “Huella de Odio y Polarización”, que servirá de base para futuras sanciones.
Además, el Gobierno trabajará junto a la Fiscalía para investigar posibles infracciones legales cometidas por empresas como Grok, TikTok e Instagram.
Un problema global de gobernanza digital
Sánchez enmarcó estas medidas en lo que calificó como un problema global de regulación digital, que, a su juicio, ningún país puede resolver por sí solo. Tras destacar los buenos datos de la economía española, el presidente dirigió su intervención a los efectos negativos de las redes sociales.
“Nos prometieron que las redes sociales serían un espacio para la cooperación y la libertad, pero ha sucedido lo contrario”, afirmó, describiéndolas como un “Estado fallido” en el que los algoritmos distorsionan el debate público y facilitan la difusión de contenidos ilícitos.
El jefe del Ejecutivo citó casos recientes para respaldar su diagnóstico: desde acusaciones contra TikTok por tolerar cuentas que difunden material de abuso infantil generado con Inteligencia Artificial, hasta el uso de X para amplificar desinformación, pasando por investigaciones sobre Instagram y Facebook relacionadas con prácticas de espionaje digital o campañas de injerencia electoral. “Todos estos casos son reales y representan solo la punta del iceberg”, subrayó.
Responsabilidad penal y protección de los menores
Una de las principales novedades anunciadas es la responsabilidad penal de los directivos de las plataformas. El Gobierno modificará la legislación para que los máximos responsables puedan responder legalmente si no actúan contra contenidos ilegales, en línea con el endurecimiento del marco legal sobre el uso de las redes sociales, que prevé que a partir de 2026 determinadas conductas puedan dar lugar a sanciones y demandas judiciales.
Asimismo, se tipificará como delito la manipulación algorítmica destinada a amplificar desinformación o discursos ilícitos. “No más esconderse detrás del código ni fingir que la tecnología es neutral”, advirtió Sánchez.
La prohibición de acceso a redes sociales para menores de 16 años ha sido presentada como una medida de protección frente a un entorno que el presidente calificó de “adicción, abuso, pornografía, manipulación y violencia”. “Nuestros hijos están expuestos a un espacio que no fue diseñado para ellos”, sostuvo, al tiempo que ha defendido la necesidad de imponer “barreras que funcionen” para garantizar el cumplimiento de la norma.
Consciente de las limitaciones de una acción unilateral, Sánchez ha anunciado también la creación de una coalición europea de países para coordinar la regulación de las plataformas digitales, cuyo primer encuentro se celebrará próximamente. “España está pasando de las palabras a los hechos”, concluyó, apelando a elegir “la gobernanza frente a la resignación” en un ámbito que considera clave para la salud democrática y social.