Las disputas en las comunidades de vecinos no siempre se limitan al uso de zonas comunes como el ascensor o la piscina. En muchos casos, los problemas comienzan dentro de las viviendas particulares. Filtraciones de agua, humedades, desprendimientos o instalaciones defectuosas pueden generar daños que repercuten directamente en el edificio o en otros propietarios. Lo que muchos desconocen es que la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) obliga a los propietarios a conservar sus viviendas en buen estado
El artículo 9.1 b) de la LPH establece de forma clara que:
“Cada propietario deberá mantener en buen estado de conservación su propio piso o local e instalaciones privativas, en términos que no perjudiquen a la comunidad o a los otros propietarios, resarciendo los daños que ocasione por su descuido o el de las personas por quienes deba responder.”
Esto significa que ningún vecino puede desatender el mantenimiento de su vivienda cuando el mismo pueda provocar perjuicios al edificio o a los demás vecinos.
La comunidad puede exigir al propietario que realice las reparaciones en su vivienda
Según a ley, los propietarios tienen la obligación de mantener las viviendas en buen estado, pero en ocasiones pueden surgir ciertos problemas o averías por el paso del tiempo o la mala conservación.
Algunos de los supuestos más frecuentes en las comunidades de vecinos son:
- Filtraciones de agua en techos o paredes que afectan a pisos inferiores.
- Instalaciones eléctricas defectuosas que generan riesgo de incendio.
- Desprendimientos de fachada, balcones o terrazas, que ponen en peligro la seguridad de terceros.
- Malos olores, plagas o humedades originadas en una vivienda y que afectan al resto del edificio.
Si algún desperfecto o avería en una vivienda provoca daños, la comunidad, en estos supuestos, puede requerir formalmente al propietario para que realice las reparaciones necesarias.
Si el requerimiento no surte efecto, la Junta de Propietarios puede autorizar al presidente a acudir a los tribunales. En ese caso, un juez no solo puede obligar a que se realicen las reparaciones oportunas, sino que puede imponer el pago de indemnizaciones a los afectados.