Ser propietario no siempre es sinónimo de seguridad. Muchos se enfrentan a un escenario preocupante: inquilinos que dejan de pagar el alquiler, okupas que se niegan a salir y una justicia lenta que les obliga a vivir en condiciones precarias.
La prórroga de la moratoria de desahucios, incluida en el escudo social, ha protegido a familias vulnerables, pero ha dejado a propietarios como José atrapados en una pesadilla: “Estamos durmiendo tres personas en la misma cama cuando nosotros tenemos un piso más”, denuncia ante las cámaras de Antena 3 Noticias.
Y es que, el mercado inmobiliario se ha complicado. A finales de 2025, 23.010 viviendas a la venta en España ya tenían okupas, el 3% del total de la oferta, según Idealista. Tras dos años de descensos, las denuncias por okupación ilegal subieron hasta un 4 o 5% en el primer semestre de 2025, con picos en Cataluña y la Comunidad Valenciana.
La historia de José
José y su familia viven hacincados en un piso rodeado de cajas. Ha tenido que acoger a su hija y a sus nietos pequeños porque otro piso que posee está ocupado por inquilinos que ni se van ni pagan. Aunque la moratoria protege a familias vulnerables sin alternativa habitacional, José, con dos viviendas, no está cubierto.
La ley permite desahuciar a inquilinos vulnerables si el propietario demuestra una vulnerabilidad superior, pero los servicios sociales tardan semanas o meses en ofrecer alternativas. “Un juez tendría que decir quién es más vulnerable para quedarse en la vivienda”, señala Ricardo Bravo, portavoz de Afectados por la okupación.
Pero, ¿qué dice el Gobierno? La medida que se propone hasta el 31 de diciembre de 2026 es la suspensión de los desahucios para familias vulnerables que no tengan una alternativa habitacional. Si el inquilino acredita vulnerabilidad económica, el desahucio se paraliza. Si el propietario demuestra vulnerabilidad superior, la Administración debe ofrecer alternativa habitacional, pero sin plazos ni recursos claros.
Para los propietarios con una o dos viviendas, la ley no especifica la función de cada una, por lo que pueden ejecutar desahucios incluso si el inquilino es vulnerable. Y es que, tal y se detalla, José lo único que busca es recuperar su piso, ya que asegura al inquilino que “no somos servicios sociales”.