La Fiscalía y asociaciones bancarias acuerdan proteger de "abusos económicos" de las personas mayores

Las personas mayores como parte de los colectivos vulnerables estarán protegidos ante los delitos económicos. La Fiscalía General del Estado ha dado un paso más en su labor de protección y defensa de los derechos e intereses de las personas mayores y con discapacidad en situación de vulnerabilidad, especialmente en un contexto como el actual, marcado por la crisis sanitaria y social provocada por la pandemia de la COVID-19. 

Para ello, ha suscrito un convenio de colaboración con las principales asociaciones bancarias del país, con el fin de evitar y combatir los posibles abusos económicos, las estafas o los fraudes que puedan sufrir estos colectivos por parte de terceros que se aprovechen de su situación. El acuerdo se produjo con motivo del Día Internacional del Mayor.

"Mediante este protocolo se aprovecha el conocimiento que tienen las entidades bancarias tanto de sus clientes como de sus operaciones habituales, en la medida en que pueden detectar operaciones y disposiciones de dinero anormales en la operativa habitual de estos usuarios. Proteger el dinero con el que cuentan estas personas para que esté disponible para sus necesidades presentes y futuras es fundamental para garantizar su derecho a la salud y a la tranquilidad emocional", trató de explicar María Segarra, la Fiscal de Sala de Discapacidad y Mayores.

Operación sospechosa, alerta inmediata

El convenio establece un mecanismo de comunicación directa y ágil entre las entidades financieras y las fiscalías territoriales, que consiste en la alerta inmediata de cualquier operación sospechosa que se detecte en las cuentas bancarias de los clientes vulnerables. De esta forma, la Fiscalía podrá valorar el caso y solicitar al juez las medidas cautelares que sean necesarias para salvaguardar el patrimonio de la persona afectada, evitando así que se produzcan daños irreparables o difíciles de reparar.

Este protocolo se basa en el conocimiento que tienen los bancos de sus clientes y de sus hábitos financieros, lo que les permite identificar movimientos anómalos o inusuales que puedan indicar una situación de riesgo. Por ejemplo, retiradas de grandes cantidades de dinero, transferencias a terceros desconocidos, cambios de titularidad o de beneficiarios, compras compulsivas o injustificadas, etc.

Era importante firmar este protocolo porque la seguridad económica es una necesidad que aumenta a medida que las personas se hacen mayores. pic.twitter.com/qUsjkgQEa4

— Fiscalía General (@fiscal_es) October 1, 2023

Estas operaciones pueden ser fruto de la existencia de intereses fraudulentos, influencias indebidas o voluntades cautivas por parte de personas que se aprovechan de la confianza, la dependencia o la falta de capacidad de estas personas. El convenio ha sido suscrito en la sede del Banco de España por la Fiscal de Sala de Discapacidad y Mayores, María José Segarra, y los representantes de la Asociación Española de Banca (AEB), la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc).

Según ha explicado Segarra, este convenio es fruto del trabajo conjunto entre la Fiscalía y el sector bancario, que comparten el objetivo de proteger a las personas mayores y con discapacidad en situación de vulnerabilidad. Asimismo, ha destacado la importancia de actuar con rapidez y eficacia ante estos casos, ya que el patrimonio es un elemento esencial para garantizar la autonomía y la calidad de vida de estas personas. Además, ha señalado que este convenio se enmarca dentro del Plan Estratégico 2021-2024 del Ministerio Fiscal, que tiene entre sus líneas prioritarias la atención a las personas mayores y con discapacidad.

Con este convenio, la Fiscalía General del Estado refuerza su compromiso con la defensa de los derechos e intereses de las personas mayores y con discapacidad, especialmente en un contexto como el actual, marcado por la crisis sanitaria y social provocada por la pandemia del COVID-19.