En España, casi el 85% de los propietarios de vivienda son pequeños tenedores; es decir, que tienen entre una o dos viviendas. Sin embargo, muchos de ellos se han convertido, sin quererlo, en ‘escudos sociales’: aquellos que cobran una renta para poder pagar sus propios gastos, pero cuando ese dinero desaparece por impagos u okupación, se quedan al borde de la exclusión social.
Lo cierto es que el déficit habitacional ronda las 700.000 viviendas, y la construcción de casas nuevas no llega ni de lejos a cubrir el número de hogares que se crean cada año. A esto se suma un parque de vivienda social muy escaso: apenas un 2,5% del total, frente a una media europea del 9%. El resultado es muy claro: muchas familias no encuentran alquiler asequible y se quedan en la calle o en situaciones de hacinamiento, mientras propietarios como Elena se quedan sin ingresos y sin un techo bajo el que vivir.
“Soy propietaria indigente”
Elena es propietaria de un piso ubicado en Collado Villalba, en Madrid, desde 2023, pero desde hace meses no tiene un techo fijo debido a los impagos de sus inquilinos. “Soy propietaria indigente, trabajo, pago una casa y no tengo un techo fijo para vivir”, cuenta en una entrevista con Telemadrid.
Sus inquilinos la han dejado sin ingresos y sin alternativa. “Al ver mi situación un poco desesperante, ya tocando fondo, una vecina me ha dicho que me vaya a su piso porque tiene una hija estudiando fuera y que utilice su habitación…Pago cuando me da la gana y lo que me da la gana”, confiesa.
Pero incluso, ese colchón se ha vuelto inestable debido a la actitud de sus inquilinos. “Cuando les he pedido el piso, siempre tienen circunstancias”, dice. Según detalla la mujer, la familia que tiene en su piso alega estar de baja tener “siempre hay una excusa” para todo.
Elena no puede permitirse regalar ese alquiler ya que lo necesita “para poder pagar yo mi propio alquiler”. Ese no es su único gasto. Además, le cobran 700 euros por “la psicoterapia de mi hijo que tiene un trastono de déficit de atención”, el colegio concertado ”porque tiene unas necesidades especiales" y para poder comer y vestir.
Una habitación, pero sin hogar
Elena vive ahora en una habitación cedida por una vecina. “Todo eso son unos metros cuadrados donde cabe una cama y poco más”, describe al medio de comunicación. Su hijo puede ir a verla, pero no viven juntos como una familia normal.
“Mi hijo puede venir algún día a estar conmigo, sí, pero no puede hacer los deberes conmigo, no podemos preparar la cena juntos, no podemos desayunar juntos porque es que estoy en una habitación”, explica.
Y tal y como señalan en Telemadrid, Elena “teme perder la custodia de su hijo por no garantizarle un techo” bajo el que vivir.
Esta situación no solo afecta la relación con su pequeño, sino también con su madre, que sufre Alzheimer y vive en una residencia. “Iba a buscar a mi madre a la residencia y tenía toda la tarde conmigo. Veíamos películas porque tiene Alzheimer, un grado de dependencia tipo dos y hacíamos la tarde fuera de la residencia porque todo el día está ahí. Pero ahora no tengo dónde meterla, y menos con este tiempo”, confiesa la mujer.
“No puede ser que los propietarios seamos los ‘escudos sociales’”
Además, la mujer denuncia que el Estado ha delegado en los propietarios una función que debería asumir la administración. “Lo que no puede ser es que los propietarios seamos los escudos sociales porque esto es cosa de la administración… Son ellos los que tienen que se tienen que hacer cargo de esta gente, no nosotros”, afirma.
El Consejo General del Poder Judicial señala que, aunque las suspensiones de desahucios por vulnerabilidad del inquilino han crecido, también lo han hecho los recursos de pequeños propietarios que demuestran estar en riesgo de exclusión si no cobran la renta.
Elena ha presentado la nómina, gastos mensuales y toda la documentación y ha sido declarada vulnerable: “No podemos decir: ‘Este es vulnerable, no se va’, porque es que a lo mejor hay otra persona detrás que también es vulnerable. El propietario puede serlo también”, subraya.