El próximo año 2022 será el último ejercicio en el que los jubilados obtengan "la paguilla" compensatoria que cada año ingresa el Gobierno de España a los pensionistas. Esta medida se trata de una de las ‘patas’ sobre la que se posa la reforma de las pensiones del ejecutivo de Sánchez, eliminando así la paga extra que actualmente existe.
Desde el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige José Luis Escrivá, y también desde la Seguridad Social, se ha explicado que el motivo por el que la del próximo año será la última paguilla de la historia en España es para conseguir aumentar las pensiones.
Se trata de una de las principales medidas que el ejecutivo nacional ha aprobado para buscar un incremento en la economía y también revalorizar las pensiones de los jubilados. Evitando con ello que continúen devaluándose y que su subida vaya ‘de la mano’ con la inflación de este año 2021 en lugar de con el siguiente.
Es decir, lo que se pretende con esta eliminación de la paga compensatoria es que se haga un reajuste anual de los cobros conforme avance el incremento económico teniendo en cuenta el Índice de Precios de Consumo (IPC).
Un mayor poder adquisitivo
Según se ha explicado desde fuentes gubernamentales, con la eliminación de esta paga extra se pretende conseguir, también, que el poder adquisitivo de los pensionistas ascienda. Con esta revalorización el Gobierno habría cumplido una de las recomendaciones establecidas en el Pacto de Toledo a través, primero, del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.
Pero esta decisión de disolver la paguilla va mucho más allá, y es que, tal y como se ha detallado desde la Seguridad Social, conseguirá que dichos ingresos económicos se vean aumentados tan solo con la pensión de los jubilados.
Hasta el momento, el Gobierno no ha establecido mecanismos de corrección en caso de que el IPC sea negativo por lo que la fórmula es asimétrica al vincular la actualización de las pensiones a la inflación si esta sube mientras que si los precios caen, como ocurrió en 2014 y 2020, estas se mantienen iguales.
Escrivá asegura una revalorización anual
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá quiso hacer hincapié en lo que iba a suponer esta medida tomada por el Gobierno de España. El propio ministro aseguró que el poder adquisitivo de los pensionistas se iba a ver aumentado de manera anual, destacó que “la pensión se revalorizará cada año con el IPC del año anterior. De esta forma evitamos el problema de tener que trabajar con inflaciones esperadas”.
Por otro lado, deteniéndose también en cómo se iba a llevar a cabo el factor de la sostenibilidad de las pensiones para evitar un nuevo problema como el actual. Escrivá detalló que “el Índice de Revalorización (IRP) que se implantó en 2013 se eliminará de forma definitiva en favor de un nuevo mecanismo de solidaridad intergeneracional”.
Este índice establecía un techo de aumento del 0,25% mientras el sistema de pensiones se encontrara en déficit para asegurar que el agujero de las pensiones dejara de crecer, pero a costa de que los pensionistas perdieran gradualmente poder adquisitivo. Un hecho que quiere modificar el Gobierno en favor de los jubilados.
La importancia de la paguilla
La paga extra que se otorgaba a los jubilados no es solo un ‘mero trámite’, sino que tiene una importancia capital a la hora del cobro. Esta paguilla compensatoria buscaba equilibrar el cobro de las pensiones con la subida generalizada de los precios, estando diseñada para funcionar como si fuese un mecanismo de mejora de la cantidad de bienes que se podían percibir.
Ya en el pasado año 2019, más de 9 millones de personas se vieron beneficiadas de esta paga extra que compensó sus respectivas pensiones con la previsión de precios que el Gobierno hizo para aquel año.
¿Qué supondrá para el Gobierno la última paguilla?
Actualmente, teniendo en cuenta las posibles desviaciones del índice de precios, el Gobierno de España deberá afrontar una factura mensual que alcanzará los 165.000 millones de euros. Una cifra que se sumaría al gasto actual de las pensiones, en las que el ejecutivo invierte alrededor de 200.000 millones de euros para los pensionistas en España.
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