Ya ha sido aprobada en Consejo de Ministros la primera parte de las nuevas medidas para la reforma de las pensiones en nuestro país. El siguiente paso es que dichas medidas sean tramitadas posteriormente en el Congreso de los Diputados, por lo que el Gobierno de España prevé que estas entren en vigor en enero de 2022.
Han sido unos meses de duras negociaciones entre Gobierno, patronal y sindicatos, pero finalmente el acuerdo ha sido aprobado no exento de algunas polémicas, que no han dejado indiferente a nadie. Entre estas medidas, penalizar las jubilaciones anticipadas y bonificar aquellas que demoren al máximo su edad legal de jubilación.
Estas modificaciones afectarán a más de 14 millones de españoles en su pensión, sobre todo a la conocida generación de los “baby boomers”, que han sido objetivo clave en esta ocasión.
¿Qué cambios en las pensiones entrarán en vigor?
Según ha indicado el mismo Gobierno central, será a partir de enero de 2022 cuando los actuales y futuros pensionistas empiecen a ver cambios. Estas son las medidas aprobadas que incluye esta primera parte de la reforma en la pensión de los españoles:
- La principal medida es acerca la edad real de jubilación a edad legal. Es decir pasar de los 64,6 años (edad real) a los 66 años (edad real).
- Incentivos extras a quienes retrasen su edad de jubilación, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad futura del sistema de pensiones en España, un bono extra de hasta 12.060 euros por trabajador.
- Penalizaciones para aquellos que se prejubilen, es decir que no cumplan con la edad legal establecida para jubilarse (los 66 años). Contarán con un 16% de penalización por ello.
- Revalorización anual de las pensiones al IPC (Índice de Precios de Consumo) para que este no repercuta en el nivel adquisitivo de los pensionistas. Si el IPC bajara, las pensiones no se reducirían.
- Se promete reducir el factor de sostenibilidad propuesto por el PP en 2013 que reducía la pensión según la esperanza de vida, lo que radicaba en una pérdida progresiva de las prestaciones (busca un equilibrio intergeneracional y dar certidumbre a las generaciones más jóvenes).
Esta última medida aprobada por el PP en el año 2013 ya fue polémica en su momento y aún así siguió adelante. Ahora la nueva reforma plantea un factor sustituto que garantice el poder adquisitivo de los actuales y futuros pensionistas. En esta ocasión también hubo polémica, pero no por la medida en sí, sino más bien por las palabras nada acertadas para muchos que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, pronunció en una entrevista de Televisión Española.
“Los baby boomers podrían padecer un pequeño ajuste en su pensión y se verían obligados a cobrar una prestación menor o trabajar durante más años”. Esto no sentó nada bien a los agentes sociales al referirse a las trabas para esta generación (los nacidos entre 1950 y 1975). Al día siguiente, Escrivá se disculpó afirmando ser un malentendido y que por supuesto estos futuros pensionistas no tendrían que soportar mayor carga.
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