La factura del Gobierno: más de 300.000 millones de euros en pensiones y sueldos públicos

Las cuentas estatales se enfrentan a un sudoku financiero de creciente dificultad por el creciente gasto público en pensiones y salarios públicos. Esas dos partidas presupuestarias, cuya sola suma supera ya los 300.000 millones de euros, han pulverizado cifras históricas. Y lo peor, como afirman los datos de ejecución presupuestaria de la Intervención General del Estado (IGAE) y el Ministerio de Seguridad Social, está todavía por llegar.
 
En concreto, al término de 2021, se alcanzaron los 307.951 millones entre ambas sumas, por individual también las cifras más altas en la historia de España. Para ponerlo en perspectiva, el dato supone un 25% del Producto Interior Bruto (PIB) nacional.

Todo ello sin notarse todavía los verdaderos efectos de una inflación actualmente en el 9,8%, pero que se espera que alcance las dos cifras al cierre del mes de abril, por lo que se esperan nuevas cifras históricas.

Más de 160.000 millones de euros en pensiones y de 140.000 en sueldos públicos

Con un aumento de más de 8.000 millones de euros, el gasto público en pensiones es de 160.588 millones, lo que supone un incremento anual del 5,4%. En sueldos públicos para funcionarios de carrera y personal laboral fijo, por su parte, se gastaron 147.363 millones de euros. 6.909 millones más: un aumento del 4,9% propiciada por el incremento salarial fijado para 2021 del 0,9% y al aumento en el número de funcionarios y trabajadores estatales.
 
La inflación media, que se espera que sea del 7%, provocará esos sobrecostes crezcan 13.500 millones de euros por la revalorización de las pensiones. En cuanto a los sueldos, los funcionarios exigen iniciar ya las negociaciones para fijar su subida salarial. Sin embargo, existe incertidumbre sobre qué ocurrirá, ya que el Gobierno ha dado largas, instando a sindicatos y patronal a esperar a saber qué ocurre con la revalorización de los salarios en el ámbito privado, para tomarlo como guía.

Se teme por la “ruina” del sistema

El Banco de España ha recomendado no ligar las pensiones al Índice de Precios al Consumo (IPC), que marca la inflación. En su lugar, insta a que los pensionistas formen parte del pacto de rentas que se les exige a los trabajadores privados. La CEOE, por su parte, planteó al Ejecutivo que lleve a cabo un "pacto de sostenibilidad" para evitar la ruina.

Sin embargo, ante la intensa presión de los pensionistas por la pérdida de poder adquisitivo y el empobrecimiento del nivel de vida, el Gobierno de coalición ha asegurado que seguirá adelante. El gasto se espera que sea de hasta 15.000 millones de euros más.

Un desfase de casi 40.000 millones de euros

El peso será mayor para los trabajadores del sector privado, que deben 'pagar' esta factura, a pesar de que los propios funcionarios y pensionistas también 'ingresan' a las arcas públicas. Entre ellos y los autónomos, cifrados en casi 16,5 millones de cotizantes, contribuyen a las arcas públicas con 136.344 millones de euros a la Seguridad Social. Un 8% más que en 2021 pero que se quedan cortos para los 171.772 millones de euros de gasto que contemplan las cuentas públicas de este año.
 
El Gobierno lo compensará mediante las denominadas transferencias de gastos impropios del Estado a la Seguridad Social, que este año serán de 36.000 millones, tras aumentar en 5.000 este año. Un método que no ha conseguido taponar el agujero en la hucha de las pensiones: el déficit anual del sistema de la Seguridad Social ascendió a 11.192 millones, equivalentes a un 0,93% del PIB, a pesar, también de la subida de las cotizaciones, aumentadas en 4.757 millones de euros más.