La entrada en vigor de la nueva Ley de Empleo es inminente. Una vez que el Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves sin ningún voto en contra la totalidad de las enmiendas presentadas por la Cámara Alta del Senado, lo que supone la luz verde definitiva para su aprobación, ahora, tan solo resta para su oficialización definitiva la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y su entrada en vigor.
Una de las primeras en aplaudir la norma ha sido la vicepresidenta segunda del Gobierno y titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, la que ha sido su principal promotora e impulsora desde que diera su primer paso en el pasado mes de junio, cuando remarcó que el objetivo principal era responder a las necesidades del mercado laboral y combatir sus debilidades estructurales como el desempleo o el paro juvenil.
"Esa es la clave de esta norma", ha subrayado Díaz durante su intervención en el Pleno, sobre la intención de acercar lo máximo posible los niveles de empleabilidad españoles a los europeos. Para ello será pieza clave la pieza clave la Agencia Española del Empleo, el nuevo ‘Infojobs estatal’ que evolucionará del actual organismo autónomo Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) mejorando sus prestaciones mediante un servicio digital donde confluyen las ofertas públicas y privadas.
Tiene como principal meta modernizar la estructura del actual SEPE, sobrepasado por la excesiva actividad, y las políticas activas de empleo, digitalizando sus herramientas y objetivo para flexibilizar su funcionamiento y agilizar la coordinación con el resto de las administraciones autonómicas. Rapidez, agilidad y flexibilidad serán sus principios, como puntualizó Díaz. Aunque estas no serán las únicas novedades. Las enmiendas han configurado nuevas.
Últimas novedades de la Ley de Empleo
La última fase de la tramitación de la incipiente legislación brinda novedosas competencias de evaluación a la Inspección de Trabajo sobre los Expedientes de regulación de Empleo (ERE). Es decir, tendrá palabra sobre los despidos colectivos. Una idea pactada por el Gobierno a la atención de EH Bildu y que ha puesto en pie de guerra a la CEOE y a Cepyme. Es una idea "tramposa y contraria a la buena fe", afirman, al considerar que el Ministerio de Trabajo y Economía Social quedaba "invalidado como interlocutor fiable".
Además, también se protege ante cualquier embargo el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se trate o no de términos mensuales o anuales. Asimismo, se establece otra reforma por la que se configurará un plan cada dos años financiado por los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para impulsar el empleo digno. Estará elaborado por el Ministerio de Trabajo en colaboración con las comunidades autónomas, la Agencia Estatal de Empleo y los sindicatos y empresas.
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