CCOO ha denunciado posibles irregularidades en el proceso de selección para el Cuerpo Administrativo de la Seguridad Social (C1), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2024, que incluye 1.250 plazas. El sindicato ha pedido al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que aclare los hechos y actúe para garantizar los principios de igualdad y legalidad en el acceso al empleo público.
La organización sindical presentó una solicitud formal dirigida tanto a responsables ministeriales como a la ministra Elma Saiz, para obtener información detallada sobre el desarrollo del proceso. En ella se ha pedido que revisen todos los elementos que puedan no ajustarse a la normativa vigente, insistiendo en la necesidad de garantizar la seguridad jurídica de las personas aspirantes.
El pasado 21 de enero de 2026, CCOO tuvo conocimiento de que el Ministerio habría solicitado la elaboración de un informe técnico y la intervención del Ministerio Fiscal. No obstante, según indican desde el sindicato en un comunicado recogido por Europa Press, hasta la fecha no han recibido comunicación oficial pese a las peticiones de información.
El sindicato pide que se adopten medidas para el “correcto desarrollo del proceso selectivo”
El sindicato ha manifestado su inquietud por la posible vulneración de los principios que rigen el empleo público, especialmente en lo relativo a la igualdad de oportunidades, mérito y capacidad. Para CCOO la transparencia y la limpieza del proceso son esenciales para preservar la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
Mostrándose preocupados por la situación han hecho un llamamiento a que “el órgano convocante adopte las medidas necesarias para asegurar el correcto desarrollo del proceso selectivo y preservar la confianza en los procedimientos de acceso al empleo público”.
Otra de las exigencias hechas al Ministerio es que, en caso de confirmarse irregularidades, se depuren responsabilidades y se adopten medidas para corregir cualquier desviación. Asimismo, han reafirmado su compromiso de vigilar el desarrollo del proceso para asegurar que no haya prácticas irregular comprometan los derechos de los opositores.
Por último han remarcado que es necesario que se respeten las normas que regulan el proceso de acceso a la función pública, afirman que es imprescindible “garantizar el respeto a los derechos de las personas aspirantes y la credibilidad de las instituciones públicas”, que, en su opinión, “deben prevalecer frente a cualquier práctica irregular”.