La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este lunes que el Ministerio impulsará una futura ley para ampliar la participación de las personas trabajadoras en los consejos de administración de las empresas, estableciendo umbrales legales mínimos en función del tamaño de la plantilla.
El anuncio se ha producido durante la presentación del Informe de la Comisión Internacional de expertos y expertas de alto nivel sobre la democracia en el trabajo, y el Ministerio ha confirmado, según ha recogido Europa Press, que abrirá, al igual que para acordar otras medidas como la subida del SMI, una mesa de diálogo social para negociar la iniciativa con los agentes sociales.
Durante el acto, Díaz ha defendido que “una empresa sin la voz de los trabajadores es como un Parlamento sin el voto de la ciudadanía”, en referencia a la necesidad de incorporar a las plantillas en los órganos de decisión empresarial. La ministra ha explicado que la propuesta legislativa responde al compromiso del Gobierno de coalición y al desarrollo del artículo 129.2 de la Constitución española.
Ese precepto establece que “los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”. Según el informe presentado, España no ha tenido en cuenta de forma efectiva estas dos previsiones constitucionales.
España, rezagada en participación laboral
La presidenta del comité de expertos, Isabelle Ferreras, ha señalado que España figura entre los países europeos con menor reconocimiento legal de la participación de los trabajadores en las empresas. Aunque existen comités de empresa y representación sindical, ha afirmado que los derechos actuales resultan limitados y no permiten una participación estratégica real.
Ferreras ha recordado que “dieciocho de los veintisiete países europeos han reconocido legalmente el derecho de los trabajadores y trabajadoras en empresas del sector público y a menudo también privado a estar representados en los consejos de administración de las empresas, y aquí España se sitúa a la cola del tren europeo”.
El informe propone reforzar las normas de los comités de empresa, especialmente en materia de información y consulta, así como introducir un nuevo derecho de los representantes de los trabajadores a configurar y dar su consentimiento al uso de la Inteligencia Artificial (IA). También plantea incorporar a las personas trabajadoras en los consejos de administración, con mínimos obligatorios según el tamaño de la plantilla, y establecer nuevos umbrales para facilitar el acceso a la propiedad empresarial.
Un índice para medir la democracia en las empresas
El grupo de expertos plantea además un índice de desarrollo democrático corporativo, basado en dos escalas que miden el grado de voz y propiedad de los trabajadores en cada empresa. Cada compañía obtendría una calificación en ambas escalas, lo que condicionaría su acceso a la contratación pública del Ministerio de Trabajo.
Según el informe, “a nivel empresarial, las empresas avanzarán a una trayectoria de democratización, con voz y propiedad”, y añade que “en 10 años, la economía española progresara de forma duradera en el cumplimiento de las promesas constitucionales”, vinculando este proceso a posibles ajustes en ayudas públicas y tipos impositivos.
Díaz ha defendido que el documento supone un avance en una reforma pendiente del modelo empresarial español y ha pedido a los constitucionalistas que lo acojan “con cariño”. La ministra ha subrayado que no se puede aceptar un sistema en el que las empresas se gobiernen sin el consentimiento de las personas trabajadoras, y ha reafirmado la voluntad del Ministerio de llevar el debate al diálogo social.