El Gobierno de Javier Milei en Argentina ha puesto el mercado de trabajo en el centro de su ofensiva de reformas y ha encontrado esta semana una primera victoria política. El Senado argentino aprobó la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo tras más de 14 horas de debate y en medio de una protesta sindical que se fue tensando a medida que caía la tarde. La Confederación General del Trabajo, la mayor central obrera del país, había convocado movilizaciones y un cese parcial del transporte para presionar a los legisladores. La votación dejó al proyecto a un paso de convertirse en ley, a la espera del trámite en la Cámara de Diputados.
La medida llega en un momento de alta fragilidad social, con una pobreza que ronda el 38% de la población, y con un mercado laboral atravesado por la informalidad. El Gobierno defiende que la legislación vigente se ha quedado atrás y que la rigidez alimenta el empleo no registrado, que sitúa en el 43%. “La legislación laboral de Argentina está obsoleta”, sostuvo la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, al defender un cambio que, dijo, pretende empujar al país hacia “un país de futuro”.
Jornadas laborales de 12 horas diarias con un tope de 48 horas semanales
El texto aprobado abre la puerta a alargar la jornada diaria hasta 12 horas mediante un “banco de horas”, sin tocar el tope semanal de 48 horas. En la práctica, la empresa puede concentrar más trabajo en determinados días y compensarlo con menos carga en otros, un esquema que el Ejecutivo presenta como una forma de adaptarse a picos de producción. La reforma también flexibiliza cómo se pagan las horas extra y permite que parte de esas horas se compensen con descansos, un cambio que los sindicatos temen que diluya el recargo tradicional por trabajar más allá del horario.
Otra de las novedades es el abanico de fórmulas para abonar el salario, es decir, la nómina. La norma habilita pagos en moneda extranjera y admite remuneraciones en especie, que pueden incluir comida o alojamiento. En esa misma lógica reaparece la figura del salario en especie, con la vuelta de los llamados “ticket canasta”, un mecanismo conocido en los años 90 que vuelve a dividir a economistas y sindicatos por su impacto en el poder adquisitivo y por su tratamiento fiscal y contributivo.
Despidos más baratos
El capítulo más sensible es el que toca los despidos. El proyecto crea un Fondo de Asistencia Laboral para financiar las indemnizaciones. La idea de partida era reemplazar el esquema clásico, en el que el trabajador recibe una compensación ligada a su antigüedad, por un sistema de capitalización con aportes empresariales. En el texto que salió del Senado, esos aportes pasan a moverse entre el 1% y el 2,5% según el tamaño de la empresa y salen de contribuciones que hoy van al sistema de seguridad social.
La oposición ha hecho de ese punto su bandera, al entender que abarata el despido y erosiona el sistema previsional. “El FAL es un escándalo”, denunció el senador peronista Mariano Recalde. “Pierden los trabajadores porque el despido está subsidiado, es más fácil despedir y pierde la Anses y los jubilados porque se desfinancia”, añadió en el hemiciclo.
El pulso con los sindicatos no se agota ahí. La reforma reduce el peso de los convenios colectivos por rama y prioriza acuerdos dentro de cada empresa, un giro que cambia la arquitectura tradicional de la negociación salarial en Argentina. En paralelo, endurece el marco del derecho de huelga al obligar a mantener servicios mínimos del 75% en sectores considerados esenciales, como salud, educación, transporte, energía y agua, y del 50% en actividades “trascendentales” como bancos, minería, industria o comercio electrónico.
En la calle, el rechazo sindical se dejó sentir desde primera hora. Miles de personas se concentraron ante el Congreso con consignas contra el Gobierno y contra lo que consideran una precarización del trabajo. Durante horas la protesta transcurrió sin choques, pero después se produjeron enfrentamientos, con lanzamiento de piedras y respuesta policial con gases, agua y balas de goma. El Ministerio de Seguridad informó de policías heridos y detenciones, mientras los balances variaban según las fuentes a medida que avanzaba la noche.
La Casa Rosada sostiene que el objetivo es “modernizar” un marco legal que juzga rígido y favorecer la creación de empleo registrado, especialmente en pequeñas y medianas empresas. Los sindicatos replican que el coste de esa flexibilidad lo pagará el trabajador, con jornadas más extensas, menor capacidad de presión colectiva y un despido más barato. Y la oposición kirchnerista ya ha deslizado otra batalla paralela, la judicial, al anticipar recursos si la reforma culmina su recorrido parlamentario.