La propuesta del Gobierno para regularizar a miles de personas migrantes en situación administrativa irregular, anunciada el pasado 27 de enero, ha abierto el debate sobre la integración laboral y social en España. Aunque la medida se plantea desde una perspectiva de derechos humanos y cohesión social, su impacto será decisivo en sectores como la agricultura, donde la demanda de mano de obra durante las campañas es muy creciente.
Hasta ahora, la realidad del campo ha estado marcada, en su mayoría, por la imposibilidad de incorporar legalmente a trabajadores extranjeros que, pese a residir en España y estar dispuestos a desempeñar el trabajo agrario, carecen de la documentación necesaria. Una situación que impide a los agricultores formalizar contratos y recurrir a una mano de obra que resulta esencial para el desarrollo de las campañas, como reivindica el almeriense Javier López.
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En este sentido, Almería es una de las provincias más afectadas por la falta de mano de obra regular en el campo, lo que ha llevado a organizaciones como COAG a reclamar que el proceso de regularización de estas personas tenga en cuenta lo que demanda el campo.
Tener papeles para poder trabajar en las explotaciones agrarias
“Es fundamental que las personas extranjeras que viven en España puedan acceder a un permiso de residencia y, si son mayores de edad, también de trabajo”, afirma Andrés Góngora, secretario general de COAG Almería, durante una entrevista para NioticiasTrabajo. “Para dar una respuesta a la escasez de mano de obra que sufren los agricultores”, añade.
Sin embargo, los complejos procedimientos previstos en la ley de extranjería, especialmente el arraigo social y laboral, que exige demostrar al menos dos años de residencia y contar con una oferta de empleo, han dificultado el acceso al trabajo. “No era un proceso difícil, pero era la única manera que podíamos tener para que pudiera trabajar dentro de una explotación”, explica Góngora.
Condiciones laborales y sanciones de hasta 60.000 euros
En cuanto a las condiciones laborales, el responsable de COAG Almería rechaza la idea de que en el campo se esté pagando a 5 euros la hora, como aseguraron diferentes migrantes a NoticiasTrabajo. “En Almería existe un convenio colectivo firmado entre los representantes empresariales y los sindicatos que establece un salario en torno a los 7,5 euros la hora, además de la cotización a la Seguridad Social y otras prestaciones asociadas”, apunta Góngora.
Así, el presidente de la organización provincial insiste en que cualquier caso de abuso salarial debe ser puesto en conocimiento de las autoridades, ya que se trata de una práctica ilegal y ajena a la realidad mayoritaria del sector.
“A veces se utiliza la expresión de que se explota a los inmigrantes, pero eso está muy lejos de la realidad. Y en el caso de que se diera, estamos en un Estado de Derecho donde hay cuerpos y fuerzas de seguridad para que esos casos no se no se den”.
De esta manera, todo aquel que contrate a una persona sin papeles para trabajar, puede exponerse a elevadas sanciones económicas por parte de la Inspección de Trabajo, que van desde los 10.000 euros hasta los 60.000 por cada trabajador en situación irregular detectado en una explotación y, en los casos más graves, puede llevar incluso a responsabilidades penales. “Es un tema muy serio y la mayoría de los agricultores de la provincia no nos la jugamos”, asegura.
Una regularización adaptada a la realidad del campo
Desde COAG se reclama no solo que el proceso de regularización se lleve a cabo, sino que se haga contando con la realidad del sector agrario. Góngora advierte de que “desconocemos aún muchos detalles del proceso. Si se exigirá empadronamiento, si el contrato será obligatorio y de qué duración, o cuáles serán los plazos efectivos de incorporación al trabajo. El Gobierno debería aclarar el proceso antes de seguir generando ruido”.
Una de las principales preocupaciones reside en la posible exigencia de contratos continuados de 12 meses, una condición que, según recuerda, resulta “incompatible” con la naturaleza estacional y de campañas del sector agrícola. “El campo no puede funcionar con contratos de 12 meses continuados, porque los ritmos de contratación los marca el ciclo agrícola, no la administración”, sostiene.
En la provincia de Almería, el sector agrario da empleo a unas 46.000 personas cada campaña, y en el conjunto de España son más de 700.000 los contratos ligados a la actividad agrícola. Por ello, la expectativa es que la regularización extraordinaria permita a un elevado número de trabajadores incorporarse legalmente al campo, aliviando así la escasez de mano de obra.
“Sin ninguna duda, esta medida puede ayudar a resolver el problema que arrastramos desde hace años”, señala el responsable de COAG. Sin embargo, advierte de que este proceso debe ir acompañado de formación, tanto en habilidades agrícolas como en lengua española, para facilitar la plena integración y la profesionalización del sector.