Los jueces y los fiscales se unen a las movilizaciones y protestas por las mejoras de las condiciones laborales en un sector, el de la Justicia, convertido en polvorín en los últimos meses. De esta manera, vivirá otro capítulo de reivindicaciones más a su extenso historial de polémica y agitación tras la recientemente vivida con los letrados de la administración de justicia (LAJ) y, asimismo, con los funcionarios judiciales. Estos últimos abanderaron las protestas más recientes, con el miércoles, 19 de abril, como día grande en Madrid.
Entre 350 y 430 euros reclamaron de subida salarial los funcionarios judiciales, además del reconocimiento de sus funciones y estructura. Ahora, el turno es de la plana mayor del sector: los jueces y fiscales, que han comunicado en la mañana de este lunes, 24 de abril, la convocatoria de un paro indefinido que ha sido anunciado por las siete asociaciones profesionales que representan a ambos colectivos desde el día 16 de mayo de 2023.
“Los Presupuestos Generales del Estado en este ámbito son insuficientes, en la administración general del Estado la administración de Justicia es la cenicienta, las cargas de trabajo que tienen los tribunales y fiscalías afectan tanto a la calidad y rapidez de la respuesta judicial como a la salud de la judicatura y los miembros de la fiscalía, y todo se fía a planes de refuerzo y a la dedicación de profesionales, que no puede ser el único remedio a la sobrecarga y la elevada litigiosidad”, reza el escrito como motivo de la huelga.
Sin embargo, la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales, aunque comparte este análisis de sus compañeros, optan por esperar a saber la opinión del Ministerio de Hacienda en la reunión de la Mesa prevista para el día 3 de mayo sobre la subida salarial del colectivo, sin renunciar a adherirse a la convocatoria de huelga en función de su resultado. La retirada de la negociación, sin mayor motivo, fue el detonante de que jueces y fiscales alcen también la voz.
La Justicia, la “cenicienta”
"Ante el decepcionante resultado de las reuniones y a la vista de los precedentes", jueces y fiscales se han visto obligados también a actuar para proteger su integridad laboral ante las largas del Gobierno para negociar, a pesar de que han mantenido una "actitud prudente, callada y responsable". Todo ello, producido, además, en "un contexto de sistemático y persistente abandono de la Administración de Justicia, que degrada la calidad de la respuesta institucional que, desde el sistema judicial, obtienen los ciudadanos que acuden a los Tribunales en busca de la tutela efectiva de sus derechos”, señalan.
La Justicia bordea el colapso
La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que junto al Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, por tanto, son las asociaciones que han confirmado su presencia en las movilizaciones.
Un hecho que volverá a tambalear los cimientos de la Justicia, tras las huelgas de tres grupos de trabajadores y que ya han obligado a retrasar más procesos judiciales urgentes, obligando a pedir ayuda a colegios electorales para sacarlos adelante. El balance, tras la finalización reciente de las protestas de los letrados, es de más de 400.000 vistas suspendidas y 480.000 demandas sin repartir, además de decenas de miles de juicios.
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