El Gobierno de España prevé que el preaviso de seis meses para despidos colectivos “prevendrá muchos” de ellos, como ha confirmado el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, a una pregunta de NoticiasTrabajo durante la rueda de prensa de presentación de los datos de afiliación y paro.
La obligatoriedad de esta medida la recoge el Real Decreto 608/2023, aprobado el pasado mes de julio, y que especifica la manera de obrar de las empresas ante los nuevos ERTE provocados por crisis inesperadas, como pudiera ser una pandemia, y puedan, consecuentemente, paralizar su actividad.
“Es un preaviso que está destinado a evitar las consecuencias de los despidos colectivos y a prevenir la desindustrialización de nuestro país", declaró Pérez Rey, que no mostró especial preocupación por el incremento del 23% en los despidos colectivos. "Tiene que ver con que hace un año eran 2.000 y ahora son 2.400, pero claro, estamos hablando de que es el 0,01% de los ocupados y que la media de extinciones colectivas está muy por debajo de lo que ocurrió, por ejemplo, a partir de 2008, cuando la media se situó en 5.000 despidos colectivos", ha recalcado.
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¿Qué es el preaviso de seis meses para despidos colectivos?
Generalmente, la medida se dirige a proteger el empleo y evitar los despidos masivos que se han producido durante la pandemia. Se trata de un preaviso de seis meses para las empresas que quieran realizar un despido colectivo, es decir, que afecte al menos al 10% de la plantilla o a más de 50 trabajadores. Únicamente no entran en este supuesto cualquier despido "precipitado e imprevisto" debidamente justificado.
Se dice que "prevendrá" muchos despidos colectivos, ya que obligará a las empresas a negociar con los representantes de los trabajadores y a “buscar alternativas” antes de tomar la decisión final. Además, el Gobierno podrá intervenir para ofrecer ayudas o incentivos a las empresas que mantengan el empleo.
El preaviso de seis meses se aplicará tanto a los despidos colectivos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, como a los que se deban a fuerza mayor. En este último caso, el Gobierno tendrá que autorizar previamente el despido colectivo, lo que supone un mayor control sobre las situaciones de crisis.
La medida ha sido bien recibida por los sindicatos, que la consideran una garantía para los derechos de los trabajadores y una forma de evitar el abuso de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Sin embargo, las patronales han mostrado su rechazo, al considerar que se trata de una limitación a la libertad empresarial y una dificultad para adaptarse a las circunstancias del mercado. Pérez Rey, sin embargo, se encargó de recalcar que la norma ha pasado por la totalidad de todos los órganos colegiados del Gobierno.
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