Carlos Cuerpo ha iniciado su nueva etapa como vicepresidente primero del Gobierno reabriendo uno de los frentes más incómodos dentro de la coalición: el registro horario. En una entrevista en la Cadena SER, el ministro de Economía defendió que las pequeñas y medianas empresas tengan “un año y no 20 días” para adaptarse al nuevo modelo, una afirmación que volvió a colocar en posiciones distintas a PSOE y Sumar en torno a una de las reformas laborales más discutidas de los últimos meses.
En el entorno de Trabajo y de Sumar no ha habido una réplica pública inmediata de Yolanda Díaz, aunque varias fuentes del espacio confederal han matizado esa interpretación. Según esas fuentes, “la obligación de tener un registro digital interoperable es de 6 meses desde la entrada en vigor del reglamento”, mientras que los 20 días afectarían a otros elementos de la norma vinculada a la reducción de jornada, y no al núcleo del nuevo sistema de control horario.
El choque no es menor, porque el registro digital se ha convertido en una de las piezas centrales de la agenda laboral de Díaz después del fracaso parlamentario de la ley para reducir la jornada a 37,5 horas semanales. Aquella norma, aprobada por el Consejo de Ministros y enviada al Congreso, decayó en septiembre, pero Trabajo ha seguido explorando la vía reglamentaria para endurecer el control de jornada y facilitar el acceso de la Inspección de Trabajo a los datos en tiempo real.
La tensión entre Economía y Trabajo no comenzó ahora. Durante la negociación de la reducción de jornada ya se habían acumulado discrepancias sobre el ritmo de la reforma, el papel de la patronal y el alcance de las nuevas obligaciones para las empresas. En Sumar insisten en que “la esencia de la norma” no está en discusión, aunque admiten que podrían incorporarse ajustes técnicos derivados de los informes recibidos, siempre sin desnaturalizar el texto inicial.
La propia Yolanda Díaz endureció el tono tras el revés sufrido con el dictamen del Consejo de Estado. La vicepresidenta segunda aseguró hace unos días que “aunque sea lo último que haga, el registro horario se va a hacer”, dejando claro que su departamento no contempla retirar la medida pese a las objeciones jurídicas y al malestar con Economía. Esa frase resume bastante bien el clima interno en el Ejecutivo, donde el ascenso de Cuerpo no ha alterado el fondo del conflicto.
El Consejo de Estado complica el camino
La discusión política se ha intensificado además por el contenido del dictamen del Consejo de Estado, muy duro con el borrador impulsado por Trabajo. El órgano consultivo concluyó que “no procede aprobar el real decreto proyectado”, al considerar, entre otros puntos, que el texto invade terreno legislativo, no mide bien el impacto sobre las pymes y presenta dudas en materia de protección de datos y negociación colectiva.
Ese informe ha dado argumentos a Economía para pedir una implantación más pausada, mientras Trabajo mantiene la presión para no dilatar una reforma que considera clave contra las horas extra no pagadas. El resultado es un nuevo episodio de fricción entre los socios del Gobierno, esta vez en la primera semana de Carlos Cuerpo como vicepresidente, y con una discusión de fondo que sigue intacta: cuánto control imponer, cómo hacerlo y en qué plazo exigir a las empresas que se adapten.