El Tribunal de Casación francés, que tiene funciones similares al Supremo en España, ha declarado improcedente el despido de una técnica de farmacia que trabajó durante 27 años sin que su empresa hubiera verificado nunca su titulación. En el año 2017 fue cesada por una ‘falta grave’, como aparecía en su carta de despido, por no aportar su diploma después de una inspección sanitaria.
Según informa Le Figaro, la máxima instancia judicial gala ha considerado que la negligencia en este caso corresponde al que la contrató y no a la empleada. En el año 1998, la ya ex trabajadora consiguió un puesto en una farmacia situada en la zona sur de Francia. Durante todo el tiempo en que estuvo allí, desarrolló sus funciones sin tener ningún problema derivado de su falta de cualificación, pero al vender el negocio a un nuevo propietario en 2015 se firmó el cambio de titularidad sin revisar nada más.
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En 2017 llegó una inspección rutinaria de la Agencia Regional de Salud a la farmacia, y fue ahí cuando se detectó que no constaba ninguna titulación, de modo que el jefe decidió despedirla. La empresa señaló que la trabajadora había ocultado la falta de cualificación, y que era ella quien había incurrido en fraude e incumplimiento grave del deber de lealtad.
El empleador sostenía que si la técnica continuaba trabajando, se ponía en riesgo la atención al cliente, los servicios prestados y resaltó que esta conducta era incompatible con la buena fe contractual.
La empleada estaba de baja cuando la empresa decidió despedirla
La trabajadora estaba de baja médica cuando se inició el proceso y como no estaba conforme, acudió a los tribunales. Solicitó la nulidad del despido y que fuera declarado improcedente considerando que no había actuado de mala fe y que en casi 30 años de trabajo nunca le habían pedido el diploma.
En 2021, la justicia laboral francesa estimó la demanda de la trabajadora y señaló que el despido era improcedente. El tribunal tuvo claro que había sido la empresa la que no cumplió con su obligación de comprobar la formación al contratarla, teniendo en cuenta que se trata de un sector en el que esto está muy controlado.
La farmacia debía pagarle una indemnización de 34.800 euros ya que el juez consideró también que a la trabajadora no se le podían pedir explicaciones por una omisión del propio empleador. Aunque consideró que la falta de diploma era grave, la empresa nunca lo había solicitado ni comprobado.
El despido es improcedente por negligencia del empleador
Aunque en el año 2023 el Tribunal de Apelación dio la razón a la empresa al considerar que era la trabajadora quien debía haber informado de que no tenía titulación, este año el Tribunal de Casación le ha dado la vuelta a la sentencia, ratificando la improcedencia del despido.
“El empleador no puede invocar su propia negligencia para justificar el despido por falta grave”, como se refleja en el documento recogido por el diario francés. La empresa ha sido condenada a pagar 3.000 euros en costas judiciales y ordena que el caso vuelva al Tribunal de Apelación para que sea revisado.
De este modo, se refuerza el criterio de que en profesiones reguladas es el empleador quien tiene que asegurar que se cumplen todos los requisitos a la hora de incorporar personal.