Un juzgado de lo social de Barcelona ha considerado improcedente el despido disciplinario de una trabajadora que faltó varios días a su puesto de trabajo por una urgencia veterinaria de su perra, al entender que una de esas ausencias estaba plenamente justificada por razones humanitarias. Así lo recoge una sentencia del Juzgado de lo Social nº 25 de Barcelona, según explican desde el Poder Judicial.
Los hechos se remontan a finales de 2024. La trabajadora, empleada como teleoperadora en un call center, fue despedida tras acumular cuatro ausencias que la empresa calificó como injustificadas. La última de ellas se produjo después de recibir una llamada urgente del centro veterinario en la que se le comunicaba que era necesario aplicar la eutanasia a su mascota, ante el grave empeoramiento de su estado de salud.
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La empresa le comunicó el despido en enero de 2025 por considerar que esas ausencias constituían una falta muy grave, aunque el juzgado no comparte esta valoración.
No puede concebirse como una ausencia por capricho
Tras analizar todas las falta, el juzgado considera que solo dos de ellas no estaban justificadas, y aun así no eran suficientes para justificar un despido disciplinario. En particular, respecto a la ausencia del día de la eutanasia la sentencia recoge que “no puede concebirse como una ausencia por capricho de la trabajadora, sino que la misma descansa en razones sobrevenidas, imprevisibles, humanitarias y éticas”, dado el estado crítico del animal.
El juez añade que “resultaría inmoral que el animal hubiera tenido que prolongar la agonía” hasta que la trabajadora terminase su jornada laboral y pudiera llevarlo al veterinario, tal y como destaca el Poder Judicial.
Según explica EFE, la trabajadora había llevado a su perra al veterinario el día anterior por un bulto en la boca, sangrado y apatía, y se certificó que su situación era crítica. Aunque estaba citada para dos días después, el 29 de noviembre sufrió un “empeoramiento súbito y sobrevenido”, lo que obligó a aplicar la eutanasia de forma inmediata.
Para el juez, esta circunstancia justifica plenamente la ausencia, aunque reconoce que no existe un permiso específico en el Estatuto de los Trabajadores ni en el convenio colectivo que ampare este tipo de situaciones.
Pese a ello, la sentencia razona que “razones humanitarias, éticas y morales” permiten priorizar la salud y el bienestar de un animal doméstico frente a la obligación de acudir al trabajo, especialmente cuando el animal “prácticamente agonizaba a consecuencia de su precario estado de salud debido a su edad”.
El juez también señala que la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, de 2023, reconoce la dignidad de los animales y refuerza la obligación social de protegerlos.
En consecuencia, el juzgado declara improcedente el despido y da la razón a la trabajadora, ordenando a la empresa readmitirla o indemnizarla con 4.116 euros, tal y como recoge la información publicada por EFE. No obstante, la sentencia no es firme y puede ser recurrida.