¿Cuánto se paga por las indemnizaciones por despido en España? Consúltalo en este mapa por comunidades

El coste laboral por trabajador fue de 36.130,66 euros en 2023, un 5,4% más que en el año anterior. Así se desprende de la Encuesta Anual de Coste Laboral publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el pasado mes de julio, que también refleja que, restándole las subvenciones y deducciones que recibieron las Administraciones Públicas, se queda en un coste neto de 35.897,47 euros, con un crecimiento anual del 5,4%.

Ahora, siendo un tema de candente actualidad, ¿cuánto suponen las indemnizaciones por despido de ese coste? Según el INE, el gasto medio fue de 195,21 euros en 2023, por lo que su representación en el coste total por trabajador resulta muy baja. Si bien se le podrían sumar otros costes, como los pagos compensatorios. 

Al contrario, los mayores gastos para las empresas, siempre refiriéndonos en costes laborales por trabajador, fueron los sueldos y salarios (26.555,89 euros, el nivel más alto desde 2008); las cotizaciones obligatorias (8.640,24 euros) y los beneficios sociales (491,77 euros). De hecho, los sueldos y salarios junto a las cotizaciones a la Seguridad Social constituyeron, conjuntamente, el 97,4% del coste bruto el pasado año.

Las indemnizaciones por despido por comunidades

Centrándonos en el gasto medio que supusieron las indemnizaciones por despido en el coste laboral por trabajador en 2023, podemos encontrar grandes diferencias entre las distintas comunidades autónomas. Las comunidades con los mayores costes por la indemnización por despido son Madrid, con 312,60 euros de media; Islas Baleares, con 29418 euros; y Cataluña, con 257,13 euros. 

En el lado contrario, las comunidades con los menores costes por indemnización son La Rioja, con 59,04 euros de media por trabajador; Castilla y León, con 80,79 euros; y Extremadura con 94,32 euros. A continuación, se puede consultar en el mapa el gasto de las indemnizaciones dentro de los costes laborales en cada comunidad, atendiendo también a los últimos datos del INE:

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España, obligada a cambiar la indemnización por despido improcedente

Tal como se preveía, el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ha fallado que la actual indemnización por despido improcedente en España incumple la Carta Social Europea, al resultar insuficiente en algunos casos por contar con  un ‘tope máximo’ (ahora mismo, es de 33 días de salario por año trabajado, con un límite de 24 mensualidades). 

Sobre este tope, el CEDS ha fallado que “los límites máximos fijados por la legislación española no son lo suficientemente elevados para reparar el daño sufrido por la víctima en todos los casos y para disuadir al empleador. Es posible que no se tenga debidamente en cuenta el perjuicio real sufrido por el trabajador afectado en relación con las características específicas del caso, entre otras cosas porque la posibilidad de una indemnización adicional es muy limitada”. En consiguiente, consideraron que el derecho a una indemnización adecuada u otra reparación apropiada, que se recoge en el artículo 24.b de la Carta Social Europea, que fue ratificada por el Gobierno, “no está suficientemente garantizado”.

Tras el fallo del CEDS, hubo discusión sobre si este tiene carácter vinculante y está realmente el Gobierno obligado a modificar las indemnizaciones por despido improcedente. En opinión de Carlos Javier Galán, Magistrado-Juez de lo Social consultado por ‘NoticiasTrabajo’,“dado que España ratificó tanto la Carta Social Europea revisada como el Protocolo adicional de reclamaciones colectivas, está obligada a cumplir las resoluciones del Comité como máximo intérprete de la Carta”.

Hay que atender, también, que PSOE y Sumar se comprometieron a cumplir con lo que dictara el Comité Europeo en su acuerdo de gobierno. Las mayores reticencias podrían venir del ala socialista, ya que se conocieron interferencias por parte del Ministerio de Justicia en el fallo europeo, aunque desde el Ministerio de Trabajo, en manos de Sumar, sí tienen claro que deben cumplir la Carta y, por ello, han confirmado que van a reformar estas indemnizaciones.

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, fue muy contundente, expresando que “no hay ninguna duda” de que las resoluciones de este Comité no son recomendaciones, “son obligaciones”, por lo que llevarán la reforma de la indemnización por despido improcedente a la Mesa de Diálogo Social. Además, añadió que es una obligación “inmediata y urgente”. También lo dejó claro Yolanda Díaz a través de su cuenta de ‘X’: “Llevamos tiempo diciéndolo. Vamos a cumplir los tratados internacionales y aquello que está estipulado en el acuerdo de gobierno. Reformaremos el despido para adecuarlo a la legalidad internacional”.

Sobre cómo se llevará a cabo esta reforma, se habla del despido restaurativo que llevan defendiendo desde Sumar hace tiempo, con el que se analizaría cada caso a la hora de calcular la indemnización por despido improcedente atendiendo a distintos factores, como la edad, la antigüedad en la empresa o si se pertenece a un colectivo vulnerable.