El Gobierno descarta una selectividad “única” pero sí será más homogénea entre comunidades

Se fraguan cambios en educación. La reforma legal que está gestando el Gobierno establecerá una selectividad distinta. Si se cumplen las previsiones, durante la primera quincena de julio se presentará un borrador con todos los cambios, aunque su implantación vaya a ser paulatina. De antemano, se conoce su rechazo a los reclamos del PP, Vox y Ciudadanos: no habrá una prueba única para toda España. 

Lo ha descartado el Ministerio de Educación porque “se estarían invadiendo competencias”, en alusión a la potestad de las comunidades autónomas: "Ahora mismo eso no es posible porque la propia ley no lo permitiría porque estaríamos invadiendo competencias que tienen las distintas administraciones educativas", alegaba el nuevo secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar Cendón. Lo que sí ha confirmado es que la propuesta paliará “algunos desajustes y desequilibrios” entre comunidades, además de que será “menos memorística” y “más competencial”. 

La reforma entraría en vigor en 2024, aunque no se va a implementar de una vez: “Serán unos cambios progresivos”. De ese modo, la nueva prueba (también conocida como EBAU), no se llevará a cabo hasta 2024, para que aquellos que van a empezar el primer curso de Bachillerato en el próximo curso puedan conocer con adelanto cómo se va a configurar. Además, habrá flexibilidad para aplicar los nuevos conceptos. 

Antes de que llegue ese momento, el ministerio tendrá que debatir el borrador con el Ministerio de Universidades, los rectores, las comunidades autónomas y los representantes de los alumnos. Un proceso administrativo donde el Gobierno tiene un plazo de 20 meses para aprobar el Real Decreto. Las primeras impresiones se darán en la Conferencia de Rectores de las Universidades (CRUE), aunque se prevé que el documento pase por distintas modificaciones antes de su presentación definitiva. 

Aplicación de la 'Ley Celaá'

Estos cambios se producen en el marco del nuevo bachillerato, implantado por la actual LOMLOE, más conocida como la ‘Ley Celaá’. Sobre este asunto también se manifestó el número dos de Educación, José Manuel Bar Cendón, explicando que los currículos se llevaran a las aulas con calma: "El BOE no hace la reforma educativa; la hacen los profesores. Y eso tarda y tiene que ir llegando poco a poco a las aulas”.

Siguiendo esa línea, desde el ministerio tratar de evitar los mismos errores que se cometieron con la LOGSE: “Pensar que el día 1 de septiembre va a cambiar todo en los centros, es meterle una presión enorme al profesorado. […] La aplicación de la ley no implica que todo tenga que cambiar rápidamente”. 

Derecho a paro académico 

“Una reivindicación histórica de la representación estudiantil”. Así calificaban el derecho a paro académico desde la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) y el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE). Es una de las medidas aprobadas en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) que el Ministerio de Universidades, liderado por Joan Subirats, busca aprobar hoy en Consejo de Ministros. 

Se trataría de un reconocimiento del derecho a huelga que, a día de hoy, solo está reconocido en algunas universidades. Con esta reforma, tendrían que permitir a los Consejos de Estudiantes paralizar la actividad académica sin que pueda tener consecuencias académicas, ni en su derecho a la docencia ni en su evaluación. La LOSU también plantea una recuperación del modelo 3+2, para flexibilizar la duración de los años: podrán existir tanto de tres años (180 créditos), como de cuatro años (240 créditos).