La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha confirmado el derecho de un fontanero autónomo a percibir una pensión de incapacidad permanente total después de que la Seguridad Social se la denegara. La sentencia avala que sufre una miocardiopatía dilatada con insuficiencia cardiaca y que ese cuadro le impide seguir desarrollando una actividad con exigencia física continuada, como la fontanería. La pensión vitalicia será del 55% de una base reguladora de 807,94 euros, con efectos económicos desde el 27 de abril de 2023.
Según recoge la sentencia, el fontanero autónomo solicitó a la Seguridad Social la incapacidad permanente total, pero la misma fue denegada, ya que sus lesiones no eran “susceptibles de determinación objetiva o previsiblemente definitivas”, por lo que debía continuar en tratamiento médico hasta una valoración final. A pesar de las reclamaciones e informes médicos, la Seguridad Social seguía manteniendo la misma postura.
Según el expediente, mostraba que el demandante presentaba un diagnóstico de trastorno por consumo de alcohol, opiáceos, cannabis, cocaína, heroína y benzodiacepinas, además de miocardiopatía dilatada y lumbociática.
A medida que avanzó el procedimiento, la documentación médica fue concretando el alcance de sus limitaciones. Uno de los informes periciales incorporados a la causa señalaba expresamente que el trabajador “no está capacitado para desarrollar su trabajo habitual o similar que requiera esfuerzo físico”, ya que su cardiopatía le provoca fatiga y disnea (esta parte es clave en la sentencia). Ese mismo informe advertía además del riesgo de “síncope cardiogénico”, infarto agudo de miocardio o edema agudo de pulmón en caso de someterse a esfuerzos.
La sentencia incorpora además otra afirmación clave para entender el caso, que es que “la miocardiopatía es crónica, evolutiva e irreversible, siendo el único tratamiento efectivo el trasplante cardiaco”. El mismo documento añadía que la insuficiencia cardiaca es “un problema crónico que no podemos curar en la mayoría de las ocasiones”, aunque sí puede controlarse con tratamiento adecuado y cambios en los hábitos de vida.
Tenía derecho a la incapacidad permanente total
Al llegar a los tribunales, el TSJ de la Comunidad Valenciana dio la razón al fontenero, explicando que, en el momento del hecho causante, la enfermedad “ya estaba objetivada” y que el afectado se encontraba recibiendo tratamiento para estabilizar la sintomatología derivada de la descompensación cardiaca. A partir de ahí, la Sala entiende acreditado que se trataba de una patología “crónica irreversible e incompatible con actividades de requerimiento físico”.
El tribunal recuerda además que la incapacidad permanente total debe valorarse atendiendo a las tareas esenciales de la profesión habitual. Y, en este caso, subraya que la actividad principal de fontanero autónomo comporta “requerimientos intensos físicos y de carga biomecánica de las extremidades superiores e inferiores así como desplazamientos y bipedestación continua”, exigencias incompatibles con su estado de salud. Por ello, concluye que el actor presenta “un cuadro clínico definitivo incompatible con la profesión que venía desarrollando”.
De este modo, el trabajador mantiene el reconocimiento de la incapacidad permanente total y el derecho a cobrar una pensión del 55% sobre una base reguladora de 807,94 euros. La sentencia, además, señala que no hubo condena en costas y que contra la resolución cabía recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo.