En España, la edad de jubilación va creciendo cada año y lo seguirá haciendo hasta 2027, fecha en las que se situará en los 67 años, con la posibilidad de jubilarse a los 65 años para aquellos trabajadores que cuenten con 38 años y 6 meses. A veces los trabajadores son despedidos a las puertas de su jubilación y tiene que optar por jubilarse anticipadamente y que su pensión sea penalizada o intentar buscar a los 60 años un nuevo empleo.
La Seguridad Social aplica coeficientes reductores a todas las jubilaciones anticipadas, ya sean voluntarias o involuntarias. Estos coeficientes pueden llegar hasta un 30% (un tercio de la pensión), en el caso de los anticipos por motivos ajenos a la voluntad del trabajador. Este porcentaje varía en función de los meses adelantados con respecto a la edad ordinaria, el total de años cotizados y de la modalidad de jubilación anticipada.
En esta situación se encuentra Pilar Vaquerizo Pascual, una jubilada de 65 años que tuvo que retirarse de manera anticipada y forzosa, es decir, ajena a su voluntad. Tal y como explica en un vídeo subido a la plataforma ASJUBI40, trabajó “durante 44 años y 314 días” y, tras un ERE (Expediente de Regulación de Empleo), no tuvo más remedio que jubilarse. Aun así, pese a su extensa vida laboral, la Seguridad Social la penalizó “con un 24% después de un ERE injusto que nos hicieron”, según relata.
“No hay derecho a que nos traten así. Fuimos niños que empezamos a trabajar con 14, 15 y 16 años y somos hijos de niños de la posguerra”, denuncia. A su pesar por la penalización aplicada por la Seguridad Social se suma el hecho de que, tal y como la describe, es “una pena de por vida”. Por eso reclama “eliminar ya los coeficientes, sea el gobierno que sea”.
Sobre este tema, El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves una propuesta de Unidas Podemos que insta al Gobierno a acometer las reformas legislativas necesarias para eliminar los coeficientes reductores en las jubilaciones anticipadas de quienes hayan cotizado más de 40 años, ya sea en su jubilación actual o futura.
Esta llega tras una interpelación urgente de Podemos a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, denunciando que la Ley penaliza a trabajadores que, aun habiendo cotizado más de los años necesarios para el 100% de la pensión (36 años y seis meses, y estos cuentan con 40 años), deciden adelantar su jubilación, lo que el grupo de Ione Belarra considera una “discriminación” que debe corregirse.
Por su parte, la ministra Elma Saiz defendió la reforma del sistema de pensiones iniciada en la legislatura anterior, la Ley 21/2021, avalando que se siguieran aplicando dichas penalizaciones porque, según recordó, el decreto busca fortalecer el sistema público de pensiones e incluye un complemento económico para jubilaciones anticipadas entre enero de 2002 y diciembre de 2021 en supuestos de largas carreras de cotización.
Explicó que, para acceder a ese complemento, deben acreditarse al menos 45 años y seis meses cotizados o, si la pensión es inferior a 900 euros (a 1 de enero de 2022), un mínimo de 40 años, y cifró en 104.000 los complementos reconocidos. La propia ley, en su disposición adicional primera, precisa que podrán acceder quienes acrediten 44 años y seis meses de cotización o 40 años cuando la pensión reconocida sea inferior a 900 euros mensuales (referencia 1 de enero de 2022).
Unidas Podemos, a través de la asociación ASJUBI40 denuncian que hay más de 900.000 personas afectadas, muchas de ellas despedidas a los 60 años y abocadas a jubilarse anticipadamente con recortes de hasta casi un tercio de la pensión, y forzó la votación “para que el PSOE se retrate”; finalmente, los socialistas han votado a favor de modificar la ley, alineándose con sus socios y en contra del criterio expuesto por su propia ministra.