En los últimos años, España se ha consolidado como uno de los principales destinos para la migración latinoamericana, especialmente desde países como Venezuela, donde la crisis política y económica ha forzado el éxodo de cientos de miles de personas. Concretamente, Canarias se ha convertido en un puerto de llegada preferente para muchos de estos migrantes, que a menudo desembarcan con formación universitaria y experiencia profesional.
Sin embargo, la realidad a la que se enfrentan los inmigrantes que llegan es muy distinta a las expectativas que tenían. La burocracia y las trabas para el reconocimiento de títulos extranjeros condenan a la mayoría a aceptar empleos precarios, ajenos a su cualificación y, en numerosos casos, a cobrar ‘en negro’.
Obligada a trabajar ‘en negro’ para sobrevivir
Es el caso de María Isabel Arocha, profesora venezolana especializada en inglés, que llegó a Tenerife hace dos años con la esperanza de ejercer su profesión. Lo hizo acompañada de su hija de 14 años, diagnosticada de autismo, y con el título universitario bajo el brazo, según recoge el diario ‘Canarias7’.
Sin embargo, pronto se dio cuenta de la burocracia que existía, lo que le llevó a la economía sumergida, ya que el proceso para regularizar la situación y obtener la homologación puede tardar más de un año, tiempo durante el cual la supervivencia depende de la existencia de trabajos precarios y, en algunos casos, de una red de apoyo, como la Asociación Solidaridad Venezuela.
Durante meses trabajó como limpiadora de viviendas vacacionales, una labor que, pese a todo, agradece por permitirle “subsistir” y pagar las terapias y la alimentación especial de su hija.
También estuvo “a punto” de aceptar una oferta como cuidadora de una persona mayor con unas condiciones extremas. “Consistía en trabajar las 24 horas, seis días a la semana, hacer la comida, limpiar y atender todas las necesidades de la usuaria por 700 euros”, explica al medio canario.
A la espera de la homologación de su bachillerato
“Facilitar el permiso para trabajar es la mayor ayuda que se podría entregar”, subraya María Isabel, que finalmente logró revertir su situación gracias al apoyo de familiares y la orientación de la asociación. Hoy, ha encontrado un empleo como auxiliar administrativa en un centro de formación, mientras espera la resolución sobre la homologación de su bachillerato, requisito indispensable para reanudar su carrera como profesora.
Aún así, pese a las dificultades, la decisión de emigrar ha supuesto un alivio respecto a la situación que María Isabel dejó atrás en Venezuela. La inestabilidad política y económica, junto a la inseguridad y la precariedad de los servicios básicos, resultaron determinantes para su salida. “Una tiene más miedo a la policía que a los vándalos”, asegura mientras recuerda que sufrió amenazas de secuestro sin que las autoridades llegaran a investigar el caso.