La gestión de la incapacidad temporal o más conocida como “baja médica” en España se ha convertido en un campo de tensión entre la lógica fiscal y la realidad clínica. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) presentó este miércoles su evaluación del gasto público, el Spending Review 2022-2026, donde identifica una “deficiencia estructural” en el sistema y propone automatizar el control de las bajas mediante algoritmos y “tiempos óptimos”. A pesar de ello, la propuesta choca frontalmente con la práctica diaria en los centros de salud. En este sentido, José Polo, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), ha advertido sobre la imposibilidad de estandarizar ciertas patologías: “No podemos poner un plazo a una persona para saber cuánto le va a durar una depresión”.
El organismo que preside Cristina Herrero pone el foco en el vertiginoso aumento del coste de estas prestaciones, que alcanzó los 16.500 millones de euros en 2024, duplicando la cifra de 2017. Para la Airef, parte del problema radica en que los médicos de atención primaria tienen la llave de la caja al conceder la baja, pero es la Seguridad Social quien asume el coste financiero. Esta separación, agravada por la falta de información compartida, genera según el auditor fiscal “riesgos de sobreutilización y prolongación innecesaria” de los procesos.
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Ahora bien, los datos del informe muestran una realidad médica compleja que difícilmente se ajusta a patrones matemáticos. Si bien la duración media de las bajas por contingencias comunes ha crecido un 15% (pasando de 40 a 46 días), el incremento es drástico en el ámbito de la salud mental. Los procesos por trastornos mentales y del comportamiento han pasado de una duración media de 67 días en 2017 a 98,5 días en 2024. Además, su incidencia ha repuntado un 80% en el mismo periodo.
El conflicto de los “tiempos óptimos”
La Airef propone reforzar el uso del Manual de tiempos óptimos de incapacidad temporal, una guía que establece duraciones estándar por diagnóstico, y sugiere que el Instituto Nacional de la Seguridad Social intervenga de forma temprana cuando se detecten desviaciones mediante inteligencia artificial. Frente a esta visión tecnocrática, los facultativos señalan las limitaciones del sistema. La recuperación de una patología de salud mental, argumentan desde Semergen, no responde a criterios lineales ni a la presión administrativa, sino a la evolución clínica del paciente y a los determinantes sociales que lo rodean.
El propio informe de la Airef reconoce una correlación directa entre el aumento de la duración de las bajas y el deterioro del Sistema Nacional de Salud (SNS). El estudio muestra que el incremento de los tiempos de espera para consultas con especialistas y cirugías coexiste con el alargamiento de los procesos de incapacidad. En muchas ocasiones, el médico de familia no puede dar el alta porque el paciente sigue a la espera de una prueba diagnóstica o una intervención quirúrgica indispensable para su recuperación funcional.
Burocracia contra la clínica
La propuesta del organismo fiscalizador incluye dotar a la Seguridad Social de capacidad para generar “alertas automáticas” cuando un proceso supere la duración estimada por el algoritmo. Para los sindicatos médicos y las asociaciones de atención primaria, esto podría derivar en una mayor presión burocrática sobre unos facultativos ya saturados. El informe detalla que, tras la pandemia de la covid-19, el aumento de la incidencia de la Incapacidad Temporal se ha producido en un contexto de “creciente demanda asistencial” en los centros de salud, lo que dificulta un seguimiento exhaustivo de cada caso más allá de la renovación de los partes.
El documento también arroja luz sobre el perfil del trabajador de baja. Contrario a la idea de un abuso generalizado, los datos muestran que el 25% de las personas acumulan el 55% de los episodios de incapacidad, lo que sugiere un fenómeno de reiteración en colectivos con salud precaria o condiciones laborales difíciles.
Por otro lado, la Airef relata en su informe que las reformas normativas recientes, como la eliminación del despido por absentismo y la mejora de los complementos salariales en los convenios colectivos (el 65% de los convenios de empresa complementan la prestación), han eliminado el efecto disuasorio que la pérdida de renta tenía sobre la decisión de coger una baja.
Mientras el Ministerio de Seguridad Social, dirigido por Elma Saiz, se ha mostrado abierto a estudiar las propuestas de mejora de gobernanza y digitalización, los profesionales sanitarios insisten en que la eficiencia económica no puede lograrse a costa del criterio clínico. La gestión de una depresión, una lumbalgia crónica o una convalecencia posquirúrgica, advierten, requiere tiempos que no siempre caben en una hoja de cálculo.