La vivienda es un factor generador de pobreza en España y se convierte en una asignatura pendiente

La Ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez está preocupada por la dificultad de acceso a la vivienda por la que pasan las personas en situaciones de pobreza y/o exclusión social. Así lo ha compartido este miércoles con la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES). 

En una reunión con la red, y el secretario de Estado, David Lucas, la ministra ha mostrado el apoyo del Ministerio para favorecer el acceso de los españoles a una vivienda digna de los colectivos más vulnerables. 

El encuentro ha tenido lugar unas semanas después de que EAPN-ES, presentase el XIV Informe ‘El Estado de la Pobreza en España’ del que se desprende que los gastos de vivienda son generadores de pobreza en nuestro país, y así lo han compartido con la máxima responsable del Ministerio de Vivienda. 

Medidas imprescindibles para garantizar el derecho a una vivienda digna

Según los datos del informe los altos precios de la vivienda son un problema para la mayoría de los hogares, sobre todo si se vive de alquiler. Y han trasladado a la ministra estos resultados reflejan que “las personas pobres deben asumir gastos muy elevados en la vivienda”. De cada 1.000 euros que ingresan los hogares pobres, 364 van destinados a gastos de vivienda. 

Y no solo los altos precios de la vivienda son generadores de pobreza, también lo son los gastos que supone mantener una casa. Los hogares pobres viven en malas condiciones “un 31,8 % de las personas pobres viven en hogares con problemas de goteras y humedades; mientras que el 34,2 % no pueden mantener una temperatura adecuada en invierno y el 43,1% en verano”. 

Como solución a estos problemas, desde EAPN-ES, han propuesto al Ministerio una serie de medidas que considera ‘imprescindibles’ para garantizar el acceso a una vivienda digna. Para ello recomiendan ampliar el parque público de vivienda destinada a alquiler social. 

También establecen como un factor fundamental que se impliquen las administraciones tanto a nivel autonómico como europeo.